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Seguridad Social de EEUU consideró "discapacitados" a los puertorriqueños hispanoparlantes

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La Seguridad Social de EEUU habría concedido ayudas por discapacidad a ciudadanos residentes en Puerto Rico basándose en el hecho de que no hablan inglés, si bien el español es el idioma principal en la isla y ambas lenguas son cooficiales.

La voz de la alarma la dio la Oficina de la Inspección General (OIG), organismo de control creado en 1978 "a raíz del escándalo del Watergate para asegurar la integridad y responsabilidad del poder ejecutivo".

En declaraciones exclusivas a Sputnik Nóvosti, Andrew Cannarsa, portavoz del OIG, ha explicado que "La Seguridad Social utiliza directrices médico-profesionales, desarrolladas en los 70, que permiten adjudicar beneficios por incapacidad a quienes demuestren su incapacidad para comprender el inglés, que es el lenguaje de la economía nacional en los Estados Unidos".

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Según el informe de la OIG, "se identificaron 218 casos en Puerto Rico, entre los años fiscales 2011 a 2013, en los que los servicios de la Seguridad Social otorgaron prestaciones por discapacidad basándose en normas que permiten conceder beneficios a quienes no hablan inglés".

El problema es que en Puerto Rico el español es la lengua hablada por el 95% de la población.

Según Cannarsa, "a pesar de que Puerto Rico tiene dos lenguas oficiales, inglés y español, la Seguridad Social utiliza las mismas pautas relativas al lenguaje y las ayudas que usa en el resto de los Estados Unidos".

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Es decir, que contradiciendo el espíritu de la ley, "un residente de Puerto Rico que no habla inglés podría recibir beneficios a pesar de que pueda tener una educación formal y experiencia laboral".

A pesar de que el OIG ha detectado más de 200 casos, el portavoz de la OIG considera que habrían encontrado bastantes más "si la Seguridad Social mantuviera mejores registros de casos en sus sistemas de información".

Entre las recomendaciones de la OIG, dice Cannarsa, figura el que la Seguridad Social "mejore la captura de datos de casos y considere la modificación de las directrices en circunstancias como las que existen en Puerto Rico".

Así, explica, la Seguridad Social podría asegurarse de que "sólo los individuos verdaderamente discapacitados reciban los beneficios de la Seguridad Social".

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