México ha generado "un incentivo a otros países que se niegan a acatar estas recomendaciones, lo cual va minando el sistema internacional de defensa de los DDHH", afirmó el defensor humanitario.
El Gobierno mexicano "intenta cerrar un tema que no se limita al relator de la ONU, sino a aceptar que es un problema generalizado y endémico en el país", según el informe emitido a principios de marzo en Ginebra por el relator de la ONU, Juan E. Méndez.
La calificación de "tortura generalizada" que el Gobierno de México rechaza es aún menos fuerte que "tortura sistemática", porque "el relator de la ONU cuida mucho el lenguaje jurídico y México juega con ese tecnicismo jurídico", dijo Quiroz.
Según él, la postura de México es "incorrecta", porque la definición de "tortura generalizada", está bien utilizada.
"En términos de Derecho Internacional se utiliza otra categoría en casos más graves, que es la tortura sistemática, lo cual implica una política deliberada del Estado para violar los DDHH".
Cuantitativamente, el último informe de Amnistía Internacional "Fuera de Control" lo considera "como una práctica generalizada y persistente: hemos documentado un aumento de 600 por ciento de casos 2003 a 2013 denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo en la entrevista el titular del organismo en México.
En primer lugar, los reportes de distintos organismos humanitarios y políticos coinciden en que "es un problema grave en el país", dijo el director del ente.
EEUU y Australia no son buenos ejemplos
Por otra parte, la posición del Canciller mexicano Antonio Meade, quien critica de parcialidad y violaciones al Código de Ética en las declaraciones de Méndez, contiene "imprecisiones serias", como expresar que otros países como EEUU y Australia han criticado las evaluaciones del relator de la ONU.
"Esos dos países han estado expuestos al escrutinio internacional, no solamente del relator de la ONU, sino a lo largo de muchos años en instancias de la ONU, y en el caso de EEUU, también del sistema interamericano de DDHH", señaló el director de Amnistía.
Esos países han permitido la evaluación internacional dentro de sus fronteras, "a pesar de que EEUU y Australia no son los mejores ejemplos acatando recomendaciones internacionales, ni tiene los mejores récords en materia de DDHH", agregó.
En el caso de Washington, un reciente reporte del Senado de EEUU confirma la práctica de la tortura en conflictos internacionales como en Irak, que "había sido indicada por el sistema internacional y negada hasta que el Congreso lo documenta".
En el caso de Australia, ha sido "un país largamente observado por sus prácticas hacia la inmigración, y el mal trato a los inmigrantes y solicitantes de asilo, privados de la libertad, tratos inhumanos y degradantes que no corresponden a las normas del sistema de la ONU", dijo el experto.
El tercer punto, es que "México no advierte que su postura ante el informe de la ONU hace un severo daño al sistema internacional de DDHH".
Las declaraciones defensivas de México, señaló, "no parecen apuntar a una determinación de cambiar, todo comienza por aceptar la magnitud del problema, es un gran error, que afecta el desarrollo del país y su apertura al mundo".
Al final de esta controversia, "todo se reduce a un problema de voluntad política para cambiar por parte del Gobierno", puntualizó.
No se puede negar los avances institucionales del país latinoamericano, las reformas legislativas, y una serie de políticas públicas, "pero han sido claramente insuficientes", añadió Quiroz.
Indicó que el Gobierno quiere extrapolar esos esfuerzos, y que no se hable de la parte negativa que supone la "incapacidad del Estado para hacer frente a esa realidad".
El Gobierno mexicano dijo el lunes que "reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada", pero señala a relator, por violar el Código de Conducta de la ONU que obliga a los funcionarios a "indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate".
La última respuesta de México es "una especie de acuerdo para estar en descuerdo y no insista en que debo cambiar mi evaluación", dijo el martes Méndez, quien denunció un ataque personal del Gobierno mexicano.