El Estado de Palestina ha ingresado esta mañana formalmente en la Corte Penal Internacional (CPI) como miembro de pleno derecho, lo que permitirá que Israel deba responder de sus acciones en los territorios ocupados ante un foro internacional que se ha creado justamente para juzgar los excesos que un Estado comete en otro Estado.
"Hoy es un día histórico en la lucha por la justicia, la libertad y la paz para nuestro pueblo, y para todos aquellos que buscan la justicia en el mundo", ha dicho el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, en una declaración.
El fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar en enero, justo después de que Palestina formalizara su petición oficial de ingreso en el Estatuto de Roma, una acción que inmediatamente provocó una serie de castigos por parte de Israel.
Bensouda sigue examinando a día de hoy la posibilidad de que Israel haya cometido crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén oriental, pero todavía es necesario que determine si las sospechas están fundadas e incluso si la CPI tiene jurisdicción para pronunciarse en este caso.
Pero Israel no es miembro de la CPI, de manera que no tiene ninguna obligación de colaborar con el tribunal.
Los israelíes no se han pronunciado al respecto pero lo más factible es que no colaboren, ni siquiera aunque reciban presiones de la comunidad internacional, como ha hecho con el Consejo de Seguridad de la ONU durante décadas, ignorando sus peticiones.
Sin embargo, en Israel se percibe un ambiente de pánico ante la posibilidad de que se le abra un nuevo frente en el conflicto con los palestinos.
Los dirigentes israelíes han hecho todo lo posible para frenar la iniciativa palestina y se encuentran ante una situación que no se había dado hasta ahora y que sin duda les mete más presión.
El 31 de marzo, un día antes del ingreso formal de Palestina en la CPI, las autoridades israelíes aprobaron la construcción de otras 2.200 viviendas para colonos judíos en el sector ocupado de Jerusalén, lo que muchos consideran un mensaje inequívoco de que aunque la CPI considere los asentamientos judíos como un crimen de guerra, si es que esto ocurre, su construcción seguirá adelante.
Desde su creación en 2002, la CPI ha centrado sus trabajos en las violaciones más graves del derecho internacional, como son los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, examinando especialmente situaciones que se han dado en el continente africano.
Se espera que el tribunal añada ahora el concepto de "crímenes de agresión", que es donde los palestinos piensan que podría avanzarse más rápidamente.
Decenas de expertos palestinos y occidentales llevan meses trabajando en informes que podrían probar que Israel ha cometido "crímenes de agresión" en los territorios ocupados desde mediados de 2014, que es el periodo que se está examinando.
El Estatuto de Roma define los crímenes de agresión como "el uso de la fuerza armada por parte de un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado", lo que parece contemplar la ocupación militar de Israel y los excesos que comete sistemáticamente en los territorios ocupados.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha felicitado a Palestina por su ingreso y ha amonestado a los países que han presionado a los palestinos para que no entraran en la CPI, incluidos los Estados Unidos.
"Los gobiernos que buscan penalizar a Palestina por haberse sumado a la CPI deberían cesar sus presiones inmediatamente", dice el comunicado de HRW.
