"En algunos aspectos la investigación realizada a nivel nacional no satisface las exigencias de la Convención", dijo el presidente del Grupo Consultivo, Nicholas Bratz, que presentó un informe sobre los acontecimientos en Maidán desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014.
Según Bratz, no hubo coordinación entre los distintos órganos de investigación, lo que influyó negativamente en su eficacia.
"Hay fundamentos serios para suponer que la actitud del Ministerio del Interior creó obstáculos", precisó.
De este modo, la investigación no logró un progreso considerable, comentó.
El Grupo Consultativo no estableció si una tercera fuerza participó en los hechos en Maidán.
"Llegamos a la conclusión de que este asunto queda abierto, ya que las propias autoridades ucranianas señalaron que no tenían pruebas suficientes que evidenciasen la implicación de francotiradores o una tercera fuerza en los asesinatos masivos", dijo Bratz.
La policía gubernamental Berkut
"El análisis de cientos de horas de vídeos y materiales por internet permitieron reconocer de 21 a 23 combatientes de las Berkut que dispararon contra aquellos que participaban en las protestas, los que subían por la calle Institutskaia o estaban detrás de bloques de hormigón junto a la estación de metro Kreschatik", comunica el informe.
El documento destaca además que ninguno de los efectivos de la unidad de tropas especiales podía haber utilizado sus armas sin una orden de su jefe, el mayor Dmitri Sadovnik, según datos de la Fiscalía.
Se subraya igualmente que los experimentos han revelado que la mayoría de los disparos que provocaron la muerte de 49 personas fueron efectuados con ametralladoras Kalashnikov, con las que estaban armados las Berkut.
Posteriormente el Euromaidán fue escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y activistas radicales que se saldaron con 67 muertos y 145 heridos.
Las autoridades de Kiev consideran que el uso de la fuerza por parte del Gobierno del expresidente fue desproporcionado, a pesar de la utilización de cócteles Mólotov y armas de fuego por los propios manifestantes, por lo que abrieron casos penales contra los exfuncionarios "por obstaculizar de manera ilegal la realización de manifestaciones y mítines".
