La norma planteaba prohibir la fracturación hidráulica "cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales" del Gobierno regional.
Según publicó hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Alto Tribunal levanta la suspensión, que se podía mantener por un plazo máximo de cinco meses.
El año pasado, las regiones de Andalucía, La Rioja, Navarra y Cataluña tomaron medidas para impedir el uso de este tipo de técnicas —que se basan en la fractura con agua a presión mezclada con productos químicos en zonas rocosas del subsuelo-, en su territorio.
Sin embargo, ninguna de estas legislaciones regionales tuvo mucho éxito por las demandas interpuestas por el Gobierno central, de los conservadores del Partido Popular, ante el Tribunal Constitucional, alegando que este campo es "competencia estatal".
El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la nueva Ley de Hidrocarburos gracias a la mayoría absoluta de la derecha, frente a la oposición de toda la izquierda.
La nueva normativa, según los diputados conservadores, incentiva la búsqueda de recursos energéticos en el país, "siempre con todas las garantías medioambientales y redistribuyendo los costes de esta actividad a través de la creación de un nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos".
Pero para la izquierda, la ley está "en las antípodas" de la defensa de un país tan "dependiente de los combustibles fósiles" como España.
"La respuesta tiene que ser apostar por una transición energética", apeló la diputada catalana Laia Ortiz, que planteó un incremento de las garantías medioambientales en todas las tecnologías.
La parlamentaria aseguró que es necesario "invertir" en ahorro y eficiencia energética, un tema "que no está" en esta nueva norma, y desarrollar una "Ley de Renovables para dar estabilidad jurídica".
