En concreto, los trabajadores de la empresa Alimini, subcontratada por Petrobras para la construcción del COMPERJ, habrían sido las nuevas víctimas de la paralización de la actividad debido a las investigaciones de la "Operación Lava Jato" llevada a cabo por la policía federal.
Como informó el diario Folha de Sao Paulo, los trabajadores de la empresa habrían acordado a través del juez titular en el Tribunal del Trabajo de Itaboraí, André Correa Figueira, que la empresa pagase los 14 millones de reales (unos 4,3 millones de dólares) que estaría debiendo a sus trabajadores, algunos de los cuales no cobraron en los últimos cinco meses.
A lo largo de marzo, los trabajadores del complejo a través del Sindicato de Trabajadores Empleados en Empresas de Montaje (SINTRAMON) habían declarado diversas huelgas, la más prolongada de 11 días, para presionar a la administración de Dilma Rousseff para que no dejase caer el que se suponía iba a ser el gran centro del petróleo en el estado de Río de Janeiro.
De esta manera se confirmaron las primeras víctimas, más allá de los detenidos en la Operación Lava Jato, del escándalo del "Petrolao"(como se conoce popularmente) el mayor de la historia de Brasil y que podría haber supuesto el desvío de al menos 3.090 millones de dólares de dinero público a paraísos fiscales como Suiza, Bahamas o Mónaco.
