De esta manera, el Ejecutivo brasileño pretende cumplir una de las promesas electorales más repetidas por la presidenta en las pasadas elecciones de octubre de 2014, así como responder en tiempo récord a las reivindicaciones de los cientos de miles de brasileños que el pasado domingo ocuparon las calles de las capitales de 22 estados de todo el país.
Debido al clamor popular por las medidas, la situación de fragilidad que en estos momentos atraviesa la presidenta Rousseff en el Congreso Nacional no debería afectar a la aprobación del paquete de medidas.
Además, tanto el vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), como el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, habrían allanado el camino al mantener en los últimos dos días reuniones con los representantes de los partidos de aliados en la cámara baja y el Senado.
Entre las medidas que ya fueron expuestas por la presidenta durante las elecciones destacan: la pérdida de bienes adquiridos por medio de actividades ilícitas para los funcionarios de la administración, castigo a los funcionarios cuyo enriquecimiento no se corresponda con su nivel de ganancias, mayor celeridad en los casos judiciales por desvío de dinero publico y fin de la impunidad para políticos con foro privilegiado.
