“Queremos que la Comisión Europea presione al Gobierno para que cumpla las obligaciones internacionales que tiene como miembro de la Unión Europea", asegura Albiol en el diario Público.
Para la eurodiputada, "la excusa del Ejecutivo es una argucia que bordea la ilegalidad”.
Albiol considera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy tiene “una clara voluntad de no juzgar a los responsables de la dictadura”.
La pasada semana la propia Albiol acompañó a varias víctimas al Parlamento Europeo para alertar de esta situación.
“Denunciamos la impunidad del franquismo amparado por los sucesivos gobiernos españoles", afirmó María Arcenegui, portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Arcenegui declaró haber pedido "a los representantes europeos que nos ayuden, porque la no acción es complicidad”.
El Gobierno de Mariano Rajoy se niega a extraditar a varios exministros franquistas requeridos por Argentina, sobre los que pesan órdenes de detención internacional emitidas a través de la Interpol.
Esta interpretación legal no es compartida ni por IU ni por los abogados de la Querella Argentina, que investiga los crímenes del franquismo en el país andino, la única causa judicial en el mundo por esta dictadura.
Ante esta situación, Albiol planteó hoy a la Comisión Europea dos preguntas.
"¿Comparte la Comisión la afirmación del Gobierno español de que estas órdenes de detención no son vinculantes?” y “¿Cree la Comisión que el Gobierno español, inejecutando las órdenes de detención, está cumpliendo las obligaciones internacionales adquiridas como Estado Miembro de la Unión Europea?"
Por su parte, la coordinadora defiende que, aún amparándose en la normativa interna y en el Tratado de extradición con Argentina, el Gobierno debería detener a los ministros y ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional.
Entre los requeridos se encuentran siete exministros, entre ellos Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia con el PP.
También estarían implicados dos jueces, ocho policías, un abogado y hasta un ginecólogo.
Se les acusa de delitos de homicidio, secuestro, tortura e incluso de la sustracción de un bebé recién nacido.
“Son crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal”, explica la jueza argentina María Servini en el auto.