Según los autores del informe, tras el derrocamiento de Víctor Yanukóvich, las nuevas autoridades asumieron públicamente el compromiso de investigar y castigar a los responsables por la muerte de personas durante las manifestaciones y otras violaciones de los derechos de quienes protestaban.
"Sin embargo, más allá de presentar acusaciones contra las anteriores autoridades políticas, pocos han sido los pasos concretos tomados en ese sentido", señala el informe.
Además se indica que el Grupo Internacional de Consulta sobre Ucrania, creado por el Consejo de Europa en abril para seguir la investigación de los crímenes acontecidos durante el Euromaidán, en el transcurso del año no ha reportado avances en la instrucción de las causas.
La instrucción acusa al expresidente Víctor Yanukóvich, al exjefe del Ministerio del Interior, Vitali Zajárchenko, y al exjefe del Servicio de Seguridad, Alexandr Yakimenko, por su presunta vinculación con los sucesos de febrero de 2014.
Las nuevas autoridades apelan a la imposibilidad de llevar a cabo la instrucción debido a que estos funcionarios huyeron del país.
Los exdirigentes de Ucrania niegan su vinculación a los sucesos de la Maidán.
