Los expertos de Naciones Unidas aseguran que estos dos proyectos "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos".
Estas dos normas han creado una gran polémica en España. Tienen en contra a las asociaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, y todos los partidos de la oposición.
El comunicado lo firman los relatores espaciales Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst.
Todos concuerdan en que el derecho a manifestarse y expresar colectivamente una opinión "es fundamental para la existencia de una sociedad libre y democrática.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", señalan en el comunicado.
En el Código Penal destacan que se incluyen "definiciones amplias o ambiguas, que pueden abrir el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de la autoridad".
El proyecto de reforma, que todavía no está vigente, propone además castigar con prisión o con multa a los que difundan públicamente mensajes que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público, o que refuercen la idea para llevarlos a cabo.
Esta norma choca con el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión. David Kaye, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión, señala que, tal y como están definidos los delitos, "podrían criminalizar a quienes convoquen manifestaciones pacíficas".
Estas cuestiones también se recogen en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida en España como la "Ley Mordaza". Esta norma conllevará una restricción a los derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión.
La normal, impulsada por los conservadores del Partido Popular, recoge sanciones por cuestiones como fotografiar a policías en manifestaciones o protestar ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar.
TERRORISMO
Otro de los puntos importantes del comunicado de los expertos de la ONU son los delitos de terrorismo.
Los relatores señalan que las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación y enaltecimiento" o "justificación" del terrorismo" incluidas en reforma del Código Penal "son excesivamente amplias e imprecisas".
"Tal y como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión", alertó David Kaye.
