Human Rights Watch y la fundación benéfica Kalayyan piden a los lores que introduzcan una enmienda al proyecto de ley sobre Esclavitud Moderna para poner fin a la letanía de graves abusos que sufren niñeras, cuidadoras y limpiadores en domicilios privados del país.
La situación de los empleados domésticos migrantes- mujeres en su mayoría- dio un vuelco en abril de 2102, cuando entró en vigor una normativa que ata la validez de un visado a una única familia.
EL llamado sistema de "visado interconectado" fuerza al emigrante a vivir dependiente de la persona que le introdujo en Reino Unido. Si abandona su puesto de trabajo, aunque sea por motivos justificados, el empleado doméstico pierde automáticamente el derecho a permanecer en Reino Unido.
Los lores tienen la última oportunidad de enmendar la legislación a su paso por la Cámara alta esta semana. La intención del Gobierno de coalición entre conservadores y liberales apunta sin embargo a demorar la reforma con la excusa de que se ha comprometido a revisar el polémico sistema de visados.
"No necesitamos otra revisión que afirme que estos visados facilitan los abusos. La solución pasa por enmendar el proyecto de ley de forma que la gente vulnerable pueda escapar a los abusos", protestó este lunes Izza Leghtas, de Human Rights Watch.
Informes previos documentan la situación desesperada en que caen muchos de los 15.000 empleados domésticos que llegan cada año a Reino Unido acompañando a familias que les contrataron en el extranjero.
"En Londres me encerraron en casa… comía las sobras que ellos dejaban. Cuando me escapé, dormí en un parque porque no conocía a nadie allí. Me sentí como una mendiga", denunció la filipina Sarah S a los investigadores de la reputada ONG en Derechos Humanos.
Este y otros muchos casos de genuina penuria y esclavitud se documentan en el informe de Human Wrights Watch, ´Hidden Away: Abuses against migrant domestic workers en the UK (Escondidos del público: abusos contra empleados domésticos migrantes en Reino Unido).
Kalayaan denuncia además que su trabajo de asesoramiento, ayuda y protección de los abusados se ha visto seriamente impedido desde la introducción de la restrictiva normativa en 2012.
Los emigrantes domésticos ya no se atreven a pedir socorro y, cuando lo hacen, la fundación solo puede decirles que han violado la ley de inmigración huyendo de la casa donde le esclavizaban. Antes les animaba a denunciar al explotador a la policía, además de aconsejarles vías para encontrar otro empleo potencialmente seguro.
Ambas ONGS han constatado instancias de familias –con frecuencia sobradas económicamente- que confiscan los pasaportes de mujeres que contrataron para cuidar a sus hijos o ancianos en el nuevo domicilio de Reino Unido.
Con frecuencia les prometen salarios que luego no pagan en su totalidad, les explotan laboralmente y les someten a un trato cercano a la tortura sicológica, física o verbal.
"Todas las pruebas confirman nuestra preocupación sobre el impacto del actual sistema de visados de migrantes domésticos, y demuestra que atándoles a un único patrón ha incrementado la explotación y el abuso, incluyendo el tráfico de servidumbre doméstica", resalta Kate Roberts, abogada de Kalayaan.
"Cada día llegan más trabajadores con un visado sujeto a una familia y corren el riesgo de ser abusados. Reino Unido no debe perder la oportunidad de cambiar esta situación durante la tramitación del proyecto de Ley de Esclavitud Moderna", exhorta la experta de la ONG británica.
