Varios puntos del documento acordado ayer en Minsk –como celebración de nuevas elecciones locales en Donbás, la reforma constitucional y la descentralización del poder en Ucrania y el estatus especial permanente de Donbás– exigen reformas políticas cuyo éxito depende directamente del legislativo ucraniano.
Según el politólogo ucraniano Vladímir Fesenko, es imposible garantizar que el parlamento lo acepte todo sin poner pegas. “La reforma constitucional requerirá largas negociaciones con la Rada Suprema que nunca aceptará otorgar estatus legal a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk”, dice.
Además, difieren las opiniones dentro de los varios grupos parlamentarios que integran la coalición gobernante: unos se decantan por la paz, otros, por la guerra.
Incluso los miembros del Bloque del presidente Poroshenko creen poco probable que se consiga implementar pronto el acuerdo de Minsk 2.0.
“Es el mismo alto el fuego pero con condiciones más complicadas. Serán mucho más difíciles de cumplir que en septiembre de 2014”, escribió en su Facebook Mustafa Nayem, del Bloque de Poroshenko, al añadir que la tregua “es temporal y es necesario entender cómo hacer frente al enemigo la próxima vez”.
Según Fesenko, los parlamentarios ucranianos están convencidos de que en el mejor de los casos el conflicto en Donbás se verá congelado durante hasta un año y medio, un escenario “más probable” que la “legalización de los separatistas”.
