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Familiares de desaparecidos piden a la ONU un relator especial sobre México

© REUTERS / Bernardo MontoyaFamiliares de desaparecidos piden a la ONU un relator especial sobre México
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El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, en inglés) evaluó por primera vez el cumplimiento de México de la Convención Internacional sobre el tema y los familiares de las víctimas pidieron un relator especial para el caso de los estudiantes desaparecidos en una masacre hace cuatro meses.

El CED señaló que el caso de ataques de policías y narcos contra estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, que causó seis muertos y 43 desaparecidos a finales de septiembre de 2014, "representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad", indica un reporte de los abogados que acompañaron a los familiares de las víctimas.

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La ONU debe presionar a México por desapariciones forzadas, dicen abogados de víctimas

"Solicitamos al CED de la ONU que designe un relator que dé seguimiento al caso de México, y las organizaciones defensoras de DDHH esperan recomendaciones sobre los factores estructurales" de esa crisis, dijo el abogado de los familiares de los jóvenes de Ayotzinaopa, Vidulfo Rosales, tras dos días de reuniones en la sede del organismo en Ginebra.

El Comité dijo que la cifra oficial de unas 23.000 personas desaparecidas en los últimos ocho años en el marco de la guerra contra el crimen organizado ilustra "una crisis de desaparición forzada".

El CED no puede hacer investigaciones penales, pero puede recibir quejas para determinar responsabilidad internacional del Estado mexicano y emitir recomendaciones urgentes, y un relator especial daría seguimiento in situ a esa crisis humanitaria, dice la petición.

El organismo de la ONU interrogó sobre la "tardía intervención del gobierno federal" mexicano en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes de acuerdo con un informe del procurador general de México habrían sido asesinados por policías y narcotraficantes confabulados con el alcalde de Iguala y sus cuerpos calcinados lanzados a un río.

Los señalamientos incluyeron la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades, una figura legal más grave que el secuestro, porque tipifica un delito de lesa humanidad cometido por el Estado que nunca prescribe.

El CED destacó "que desaparición forzada de Ayotzinapa es icónica pero el fenómeno lleva décadas" y es una "prueba ante el mundo".

De los 99 detenidos por el caso Ayotzinapa, ninguno es acusado por desaparición forzada, que implica la participación de agentes gubernamentales, sino por secuestro y homicidio, "de esta manera el Estado mexicano trata de evadir su responsabilidad", dijo el abogado de los padres de los jóvenes, que rechazan la investigación federal.

Los familiares dijeron al CED que no se les han entregado pruebas de que sus hijos estén muertos, y no confían en versiones oficiales.

A la sesión del organismo de la ONU acudieron familiares de personas desaparecidas de los estados mexicanos de Guerrero (sur), Chihuahua y Coahuila (norte del país), quienes reprocharon "la falta de respuestas efectivas por parte del Estado".

El CED cuestionó al Estado mexicano sobre las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, indica un reporte del jesuita Centro de Defensa y Promoción de los DDHH "Agustín Pro", organismo de la Compañía de Jesús que acompaña a los familiares de las víctimas.

El próximo 13 de febrero el organismo emitirá recomendaciones sobre México, y los organismos defensores de DDHH consideran que el gobierno de Enrique Peña "se ha empeñado en minimizar la problemática", indican los abogados de los familiares de desaparecidos.

El gobierno de México fue cuestionado por la falta de una base de datos y cifras oficiales confiables, y el "uso abusivo de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos".

Finalmente, el Estado mexicano fue criticado por su negativa a reconocer la competencia del Comité CED para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.

Los organismos humanitarios llamaron al Estado mexicano a que acepte la competencia del Comité para recibir casos individuales, un mecanismo de búsqueda transnacional y protocolos adecuados.

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