La remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que solicitaron en Londres los abogados británicos de la petrolera rusa, ha sido confirmada por el juez, lord Jack Beatson en una breve vista celebrada este jueves.
Los trámites están pendientes ahora de la publicación en los próximos días de la sentencia del juez, quien considera que hay "suficientes dudas" sobre la validez de las restricciones comunitarias impuestas a Rosneft. La documentación pertinente a la querella debería llegar al tribunal de Luxemburgo a la largo del mes de febrero.
"La legalidad de la aplicación de las restricciones en Reino Unido depende de si las sanciones de la UE son válidas y, en este supuesto, en cómo han de interpretarse", explicó a Sputnik Nóvosti Joe Hage, del despacho de abogados Joseph Hage Aaronson, al término de la vista en Londres.
El TJUE deberá aclarar puntos fundamentales que plantean los abogados de Rosneft y que disputan los representantes legales del Tesoro, el ministerio Negocios y la Autoridad en Conducta Financiera de Reino Unido.
El equipo de Hage argumenta que las sanciones infringen apartados del Acuerdo de Cooperación en la UE y Rusia, de 1997, y considera que las decisiones del Consejo europeo en la materia vulneran los derechos de su cliente.
Los abogados incluirán en sus alegaciones en Luxemburgo que la UE no ha aportado suficientes explicaciones sobre criterio de selección de las industrias afectadas por las sanciones ni de cómo dichas restricciones avanzan el objetivo declarado de "incrementar los costes de las acciones de Rusia para socavar la integridad, soberanía e independencia de Ucrania".
Joseph Hage Aaranson sostiene que Rosneft "no tiene una conexión particular con los eventos en Ucrania" y alega que la penalización de su cliente deja a la UE "vulnerable de ser criticada" de que el objetivo real es "obtener una ventaja competitiva" en el sector energético.
La decisión de los jueces británicos agiliza la batalla legal de la compañía rusa, que tiene un recurso paralelo, por la anulación de las sanciones, en el Tribunal General de la UE, equivalente a un juzgado de primera instancia.
"Los procesos en el TJEU se extienden por lo general unos 18 meses. En el Tribunal General, con posibilidad de recurrir al TJEU, tardaríamos unos tres años y medio en obtener el veredicto final", celebra Joe Hage en declaraciones a esta agencia.
