Desde entonces, el Presidente, François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, han visto propulsados sus índices de aceptación popular hasta extremos inesperados. Hollande pasó de un apoyo de apenas un 18% de opiniones a un 40. Valls, supera el 60% de respaldo ciudadano.
Los trágicos episodios en la capital tuvieron consecuencias inmediatas en el apartado de la seguridad y abrieron el eterno debate entre los partidarios del "Gran Hermano" vigilante y los defensores de la libertad (más como como concepto filosófico que político). Para estos últimos, no se debería ceder al pánico y los atentados yihadistas de París no justificarían un endurecimiento de la ley.
El problema, para el bando contrario, es que los terroristas que actúan precisamente contra la libertad se sienten mucho más "protegidos" por una ley flexible y tolerante que los propios ciudadanos.
El gobierno Hollande-Valls sabía que la onda emocional creada por los asesinatos abonaba el terreno a la adopción de medidas que en otras circunstancias hubieran recibido las críticas dentro de su propio partido (PSF) y del resto de las fuerzas de la izquierda. Por ello, se frenaron los recortes en el presupuesto militar. Francia libra desde hace años un combate contra el yihadismo en África. La medida representa pues una buena noticia para un Ministerio de Defensa pauperizado. Y como se trata de un asunto económico, y no tanto ideológico, el gabinete decidió endeudarse aún más para reforzar sus servicios de inteligencia, objetivo de las principales críticas tras las matanzas de París.
El gobierno anterior, encabezado por el conservador Nicolás Sarkozy, acometió un ajuste muy duro en los presupuestos de la policía y reformó la inteligencia. Los socialistas siguieron por la misma senda. Pocos representantes políticos recogieron las alertas de unas fuerzas de seguridad interna desbordadas por el auge del yihadismo en el exterior y, sobre todo, en el interior de su propio territorio. Recordemos que Francia es el país europeo con un mayor número de voluntarios en las filas del llamado Estado Islámico y en las de Al-Qaeda.
Casi 500 millones de euros fueron rápidamente tomados en préstamo para reforzar no solo las fuerzas policiales sobre el terreno, sino también el apartado de traductores, sociólogos y otros especialistas necesarios para ordenar y analizar los datos recogidos por los servicios de seguridad del Estado.
Profesores de laicismo
Una vez reforzados los "ministerios de fuerza", la escuela pública se convirtió en el siguiente objetivo de atención del gabinete. Y en ese apartado también se entonó un mea culpa generalizado. En ciertos colegios, algunos alumnos se negaron a respetar un minuto de silencio por las víctimas de los terroristas. Otros manifestaron apoyar a los autores de los crímenes.
Ha hecho falta enterrar a 17 personas para que los responsables políticos franceses se despierten a la realidad de sus colegios públicos enclavados en los guetos. Allí, desde hace décadas, muchos profesores denuncian el abandono de los poderes públicos, el auge del multiculturalismo, la negativa de muchos alumnos a seguir los programas adoptados por el Ministerio de la Educación, y la presión rampante, en algunos barrios, del salafismo. Manuel Valls definió como "apartheid" la situación que viven muchas zonas del extrarradio de las grandes ciudades francesas.
Valls y su Ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, anunciaron, algo improvisadamente, medidas para que la escuela pública recupere el papel de primer pilar de la República. Así, mil profesores especializados en laicismo deberían estar preparados para ejercer en el curso próximo. La enseñanza de la ética ciudadana formará parte del corpus oficial de los programas escolares. Se habló incluso de ritos y formas, como cantar la Marsellesa cada mañana y obligar a los alumnos a levantarse cuando un profesor entra en clase.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
