A la investigación "le falta mucho para ser una verdad histórica", concluyó el abogado, y el informe resumido en un vídeo por la Procuraduría "se debe a la prisa en el Gobierno para cerrar una investigación que no es concluyente".
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, reclamó que la fiscalía federal no acuse a los presuntos culpables por desaparición forzada, que es la figura legal idónea en el derecho internacional para crímenes de lesa humanidad.
"Calificar jurídicamente los hechos como homicidio y secuestro diluye la responsabilidad del Estado y busca desconocer la desaparición forzada", dijo el abogado.
Además, las autoridades aún no han ejecutado detenciones claves, de jefes policiales y sicarios, orquestados por el detenido alcalde José Luis Abarca de la ciudad de Iguala (200 km al sur), donde ocurrió la masacre.
Horas antes, el procurador general de la República, Jesús Murillo, anunció que "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al Río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia".
Los familiares deploraron que el informe se presente antes del arribo a México de la misión de la Comisión Interamericana de DDHH y de que el Estado mexicano comparezca a principios de febrero ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
La investigación descansa demasiado sobre declaraciones de verdugos confesos, criticó el abogado de los padres de las víctimas.
La PGR (fiscalía federal) ha desencadenado el desenlace de la investigación a partir de la detención de un jefe del cártel de narcotráfico a mediados de enero –Felipe Rodríguez, apodado El Cepillo–, quien "no estuvo presente en todos los hechos", de acuerdo con su propia declaración, dijo Rosales.
Los jóvenes de origen campesino fueron atacados a balazos hace cuatro meses por policías y narcos, con saldo de seis muertos y 43 desaparecidos que ahora han sido dados por muertos por la fiscalía, y sus familias desconfían de las conclusiones judiciales por "la práctica de fabricar delitos de la procuradurías", por lo cual exigieron "peritos independientes", dijo el abogado.
Personajes políticos del estado Guerrero, como el gobernador Angel Aguirre, quien renunció por el caso, no han sido investigados, cuestionó el defensor humanitario.
Además, hay testimonios de que "desde el 2013 el Ejército sabía de la infiltración de (los narcotraficantes) Guerreros Unidos en la policía municipal de Iguala".
"Hay declaraciones en el expediente de que el Ejército omitió actuar contra cartel de Guerreros Unidos", insistió el abogado, contradiciendo lo expresado por el Procurador General federal, Jesús Murillo.
"Él sabe que el Ejército conocía de los nexos entre el crimen organizado y autoridades de Cocula desde 2013", insistió.
El presidente de México ha incumplido su promesa de "informarnos antes que a los medios de comunicación, y darnos acceso a todo el expediente, repudiamos la forma en que pretende cerrar lo sucedido en Iguala", dijo Felipe de la Cruz, familiar de una víctima.
La desaparición forzada es un delito sistémico en México, país donde el gobierno reconoce 23.605 desaparecidos de 2007 a octubre de 2014.
