"Me voy porque mi vida corre peligro" dijo Pachter a un portal local, señalando que sus teléfonos se escuchan y que se lo sugirió una fuente cercana a la Inteligencia. Afirmó que regresará al país cuando "sus fuentes" le informen que la situación ha cambiado, pero al mismo tiempo indicó que no cree que eso suceda "durante este gobierno".
El país de su destino se ignora.
La semana pasada, el fiscal Alberto Nisman denunció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman habían encubierto a los iraníes acusados de estar involucrados en el atentado contra el Centro Cultural Judío de Buenos Aires.
Más tarde el fiscal fue encontrado muerto en su apartamento. Primero los jueces se inclinaron a apoyar la versión de suicidio, pero luego decidieron investigar lo sucedido como asesinato.
La muerte de Nisman, quien pidió al juez interrogar a la jefa de Estado y al canciller y embargar sus bienes por 200 millones de pesos (cerca de 23 millones de dólares) y también presentó cargos contra otros políticos cercanos al actual gobierno, estremeció a la sociedad argentina. Políticos y personalidades públicas exigieron investigar a fondo las circunstancias de su muerte.
Argentina acusa a varios altos cargos iraníes, incluido el expresidente, Hachemi Rafsanyani, de estar involucrados en la organización del más cruento atentado en la historia del país, que dejó 85 muertos y 200 heridos.
Las autoridades de Irán siempre han negado estas acusaciones.
Argentina e Irán ratificaron anteriormente un Memorándum de Entendimiento en que acordaron investigar de mancomún las circunstancias de la explosión. La comunidad judía, muy influyente en Argentina, protestó mucho contra ese plan calificándolo de anticonstitucional y llamado a "exculpar al régimen iraní" y "fabricar la inocencia" de los organizadores del atentado.