Durante catorce años y medio de reinado de Abdalá, la principal reforma, aunque tímida, ha sido una mayor tolerancia a que la mujer tuviera un papel público un poco menos reducido. No obstante, las iniciativas tomadas fueron en gran parte simbólicas y produjeron logros concretos muy modestos.
Pero desde 2011, el Gobierno ha intentado detener las críticas en las redes con intimidación, detenciones, procesamientos y largas penas de prisión.
"El rey Abdalá llegó al poder prometiendo reformas, pero su agenda quedó muy lejos de conseguir logros institucionales duraderos para los ciudadanos saudíes", ha dicho Joe Stork, subdirector para Oriente Medio de HRW.
"El rey Salman, el nuevo gobernante, debe sacar adelante al país, poniendo fin a la intolerancia respecto a la libertad de expresión, erradicar la discriminación sexual y sectaria y fomentar un sistema judicial justo e imparcial", ha indicado Stork.
Al principio de su reinado, el rey Abdalá promovió la modernización del aparato estatal de Arabia Saudí y lo hizo más eficiente y transparente, alentó una modesta revisión del estado servil forzado de las mujeres y las minorías religiosas, permitió un mayor debate en los medios de comunicación y promovió un cierto grado de imparcialidad judicial.
Después de 2011, las autoridades subordinaron la agenda de reformas del rey a una campaña para silenciar a los disidentes pacíficos y activistas que pedían la tolerancia religiosa y un mayor respeto a los derechos humanos.
Algunos de los logros concretos para las mujeres han consistido en la apertura de nuevos sectores de empleo.
En febrero de 2013, el rey Abdalá nombró a 30 mujeres para el Consejo de la Shura, un órgano consultivo que lleva a cabo recomendaciones al Gobierno.
Sin embargo, la discriminación sistemática contra las mujeres persiste. Las autoridades no han terminado el sistema de tutela masculina discriminatorio.
Se prohíbe a las mujeres obtener un pasaporte, casarse, viajar o acceder a la educación superior sin la aprobación de un tutor masculino, generalmente un esposo, padre, hermano o hijo.
Algunos hospitales todavía requieren la aprobación de un tutor masculino en ciertos procedimientos médicos para las mujeres. Éstas tienen prohibido conducir en Arabia saudí. Las autoridades han arrestado a las que se atrevieron a desafiar esta prohibición.
El Gobierno sigue controlando el nombramiento de los directores de periódicos y castiga a los saudíes que critican a los miembros de la familia real, las políticas gubernamentales o a los clérigos.
Bajo el reinado de Abdulá, las autoridades saudíes han procesado a activistas de los derechos humanos y la sociedad civil por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Después de 2011, los tribunales saudíes comenzaron imponer penas de prisión de más de 10 años por delitos relacionados con el lenguaje utilizado.
El Gobierno comenzó a reformar el sistema judicial en 2007, pero el país aún carece de un código penal escrito y permite a los jueces amplia discreción para decidir qué conducta constituye delito.
Los jueces siguen encarcelando a personas por "brujería" y por "sembrar la discordia".
Algunas leyes promulgadas durante el reinado de Abdulá han restringido los derechos fundamentales, incluidas disposiciones vagas de la ley contra la ciberdelincuencia que los fiscales y jueces utilizan para imputar y juzgar a ciudadanos saudíes por tweets y comentarios en las redes sociales.
En 2014, las autoridades saudíes emitieron nuevas normativas antiterroristas que contienen disposiciones generales amplias que permiten criminalizar la libertad de expresión y otorgan poderes policiales excesivos que no están sujetos a control judicial.
Las autoridades saudíes no han aprobado una ley de asociaciones y han dejado así a los ciudadanos sin ninguna vía legal para establecer organizaciones no gubernamentales que no sean benéficas y han procesado a activistas independientes que establecieron organizaciones de derechos humanos sin licencia.
No ha habido avances institucionales tampoco en el campo de la tolerancia religiosa.
Los ciudadanos chiíes siguen enfrentándose a la discriminación sistemática en la educación pública y el empleo público, y tienen muchas dificultades para obtener permisos de construcción de lugares de culto.
La mayoría del país es sunita y la rama oficial dominante es el wahabismo, una de las corrientes más conservadoras e intolerantes del islam.
Los ciudadanos chiítas llevaron a cabo protestas para pedir el fin de la discriminación sistemática en 2011 y 2012, pero las autoridades las reprimieron por la fuerza y detuvieron a muchos participantes.
