Las conocidas como "devoluciones en caliente" de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, son los dos proyectos españoles que más preocupan a la ONU.
Durante este examen, todos los Estados miembros del Consejo realizaron preguntas y recomendaciones a España.
Gran parte de ellos, entre los que se encuentra Japón, Suecia, Uruguay o Rusia, pidieron al país ibérico que "reconsidere" la idea de legalizar las conocidas como "devoluciones en caliente", porque pueden vulnerar el derecho internacional.
Esta práctica consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África, en la frontera con Marruecos.
Varios Estados Miembros aseguraron a España que, de salir adelante esta norma, "legalizaría una práctica que es contraria al principio de protección internacional" y recordaron que "debe respetarse el derecho a la no devolución y el derecho de asilo y al refugio, establecido en la legislación internacional".
La mayoría de los países también mostraron su preocupación por "el excesivo uso de la fuerza" por parte de la policía contra los inmigrantes.
Otro de los aspectos cuestionados en este Consejo de los Derechos Humanos fue la decisión de los conservadores españoles de sacar adelante una reforma sanitaria que ha dejado sin atención completa a los extranjeros en situación irregular.
Restricción al derecho a manifestarse
Otro de los proyectos más destacados negativamente en el examen de la ONU, fueron las restricciones a la libertad de manifestación en el marco de la ley Mordaza.
Esta norma conllevará una restricción a los derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión.
A este respecto, Suiza recomendó a España "incrementar la sensibilización" de las fuerzas de seguridad del Estado frente a la libertad de reunión, manifestación y expresión.
Suecia también ha mostrado su preocupación por las sanciones administrativas que contempla esta ley.
"Pueden ser interpretadas como una restricción para la protesta", por lo que ha recomendado a España "evitar cualquier reforma legislativa que limite la libertad de expresión".
La investigación de los crímenes del franquismo fue otra de las cuestiones, preguntada por Argentina, Chile, Panamá y Suiza, que aseguraron que no se estaba teniendo en cuenta a las víctimas.
Por su parte, Estados Unidos, mostró su "preocupación por la corrupción oficial" en el país ibérico, y recomendó a Rajoy que ponga sus esfuerzos en perseguirla y evitarla.
