"Las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos, y como homicidio calificado en el ámbito penal", cometido en el municipio de Tltalaya, del Estado de México que rodea la capital (360 km al noroeste), concluye una Comisión Especial de legisladores federales.
Se trata de "un caso grave y paradigmático que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación", indica el informe presentado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que opera en lo recesos vacacionales legislativos. "Existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas", dice el informe del Congreso.
Sin embargo, los diputados consideran que se deben establecer las responsabilidades de la cadena de mandos del Ejército Mexicano, que aún no está clara. "La falta de una conclusión definitiva es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres, fuera de su posición original", dice el documento del Congreso.
La investigación legislativa sobre la muerte de los 22 jóvenes en una bodega aumenta el número de sicarios que se rindieron y fueron de ejecutados en forma sumaria de ocho –según la fiscalía federal– a 15 según el nuevo documento, de manera que las víctimas del enfrentamiento armado entre militares y pistoleros ocurrido antes de las ejecuciones disminuyen de 14 a siete. Los legisladores denunciaron además que los responsables oficiales no han entregado al Congreso "ninguna información documental" solicitada de manera formal, y de ahí que su reporte es una versión preliminar. "Las 25 personas (22 asesinadas y tres mujeres sobrevivientes) son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a los derechos humanos", dice el informe.
Las sospechas de una masacre se reforzaron con una investigación periodística divulgada a mediados de septiembre en la versión en español de la revista Esquire Latinoamérica, según la cual, el Ejército de México habría fusilado a los civiles armados, la mayoría jóvenes incluida una menor de 15 años de edad, después que se rindieran y fueran capturados vivos. La investigación periodística partió del testimonio de una mujer testigo, que el Ejército presentó como una de tres mujeres liberadas de un secuestro en la operación, pero era la madre de la joven ejecutada en la masacre.
