Según recoge el diario Público, que tuvo acceso a la querella, Amadeo Martínez Inglés pidió el lunes a la Fiscalía General del Estado que investigue el caso porque asegura que la muerte del hermano mayor del rey no fue un accidente, tal como aseguró el régimen de Francisco Franco desde el mismo momento en que se informó del incidente. Para el excoronel, se trataría de un crimen "de carácter político, ordenado por el dictador Franco, planificado por sus servicios secretos y ejecutado por la persona que durante treinta y nueve años ha ostentado sobre su cabeza la corona de España".
La versión oficial decía que "mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos". Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 1956 en Estoril, residencia de la familia real exiliada entonces en Portugal.
En el escrito que ha llegado a la Fiscalía, el militar mantiene que este episodio "por decisión conjunta de los Gobiernos totalitarios de ambos países ibéricos", transitaría a las "cavernas de la censura y el olvido", especialmente en España, donde "el oscuro homicidio sería declarado secreto de Estado tanto para los medios informativos como para la clase política y ciudadanía en general". "Han pasado casi sesenta años (…) y las circunstancias que rodearon aquélla extraña muerte siguen sin aclararse adecuadamente" señala el escrito de la querella, según Público.
El coronel ve contradicciones en la trayectoria del disparo. "La previsible trayectoria del disparo resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro sin influencia alguna del tirador", afirma. Y recuerda que "la pistola causante de la tragedia, según declaró en su día el padre del homicida, D. Juan de Borbón, fue lanzada por él mismo al mar, sin que la policía o los jueces portugueses pudieran examinarla, con lo que se hurtaba a la justicia una prueba fundamental".
Martínez Inglés fue expulsado del Ejército en 1990 por sus numerosas apariciones en los medios de comunicación. En 2013, un juzgado le multó con 6.480 euros por injurias contra la Corona, tras publicar un artículo en el que tachaba a Juan Carlos de "putero", "borracho" y "cabrón".
El monarca abdicó en su hijo Felipe en junio de 2014. Desde entonces, ha perdido su "inviolabilidad constitucional". El pasado 14 de enero, el Tribunal Supremo admitió a trámite una demanda de paternidad presentada por una ciudadana belga de 49 años.
