"Esperamos la llegada esta semana del grupo de especialistas" de la CIDH, un organismo autónomo de la OEA, dijo a la prensa mexicana Abel Barrera, abogado que apoya a los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por narcos y policías confabulados con el alcalde de Iguala.
La CIDH anunció los nombres de cinco expertos que integrarán el grupo interdisciplinario para investigar la masacre de Iguala saldada con seis muertos y 43 desaparecidos, de los cuales solo uno ha sido identificado entre 17 restos humanos calcinados que fueron descubiertos en el pueblo vecino de Cocula y sometidos a análisis en un laboratorio forense de Innsbruck, Austria.
Barrera solicitó al Gobierno "dar todas las facilidades y garantías" al grupo de expertos, que serán recibidos "con buenos ojos y genera gran expectativa entre la desesperación que tienen los padres de familia por conocer del paradero de sus hijos".
Los expertos son Francisco Cox, de Chile, especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz, de Guatemala, especializada en el derecho penal; Ángela Buitrago, de Colombia, con especialidad en ciencias criminológicas; Alejandro Valencia Villa, de Colombia, experto en derecho internacional humanitario; y el médico de España, Carlos Beristain, en educación para la salud.
La Cancillería del Gobierno de México informó el fin de semana que será de seis meses, prorrogables, el mandato del grupo de la CIDH con experiencia de investigación de graves violaciones a los DDHH en el continente.
Los expertos tienen la misión de elaborar planes de búsqueda con vida de las personas desaparecidas; el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y el plan de atención integral a las víctimas, y la reparación integral necesaria, sobre los cuales formularán recomendaciones.
En noviembre del año pasado, el Estado mexicano firmó un convenio para financiar la misión con un millón de dólares, administrado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
Los familiares realizaron una infructuosa búsqueda la semana pasada en las montañas de Guerrero y esperan acceder a instalaciones de los cuarteles, después de que el Gobierno aceptó que comenzaran por el cuartel del batallón del Ejército en Iguala, pero el Gobierno descarta que las indagaciones contengan pruebas de las sospechas de los alumnos sobre el Ejército.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que la apertura de las Fuerzas Armadas "debe ser correspondida con respeto y responsabilidad de todos, por lo que no deben ser objeto de provocaciones vandálicas encubiertas en justos reclamos", dijo la víspera el coordinador del partido gobernante en el Senado, Emilio Gamboa, tras los disturbios en las puertas de ese cuartel con saldo de seis civiles y once militares heridos.
