Un pelotón de fusilamiento en una prisión a 400 kilómetros de la capital Yakarta ejecutó a seis personas, la mayoría de ellos ciudadanos extranjeros que eran de Nigeria, Malaui, Vietnam, Brasil y Países Bajos.
La presidente brasileña, Dilma Rousseff, se mostró "consternada e indignada" por esa decisión de las autoridades indonesias.
"El uso de la pena de muerte, que la sociedad mundial crecientemente condena, afecta gravemente las relaciones entre nuestros países", recalcó la mandataria en un comunicado, citado por el portal O Globo.
La víspera de la ejecución, Rousseff llamó a la clemencia a su homólogo indonesio, Joko Widodo, quien rechazó el pedido al alegar que el proceso judicial había sido nítido al respecto.
Países Bajos también criticó fuertemente la ejecución de su ciudadano.
"Es un castigo cruel e inhumano que representa una negación inaceptable de la integridad y dignidad humana", dijo el ministro neerlandés de Exteriores, Bert Koenders, citado por Reuters.
