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El Gobierno de México niega fracaso en la lucha antidroga en Michoacán

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El Gobierno de México rechazó el martes ante legisladores de la oposición en el Congreso federal que haya fracasado su estrategia de legalizar como Fuerzas Rurales a los grupos de autodefensas civiles, organizados para combatir a los carteles del narcotráfico en el estado de Michoacán, en el centro del país.

"No hay sustento para señalar que integrantes de la delincuencia organizada hayan sido incorporados a la Policía Rural", dado que no existían ordenes de aprehensión contra ninguno de esos hombres, dijo en una comparecencia ante diputado el Comisionado federal para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo.

La áspera comparecencia ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña canceló su asistencia al Foro de Davos en Suiza, y reemplazó esa gira por una visita a finales de enero a Michoacán, un feudo opositor de centroizquierda y centroderecha azotado por la violencia y el narco.

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El Comisionado fue convocado a comparecer por la Comisión Permanente del Congreso de México –que sesiona en los recesos legislativos-, luego de un enfrentamiento entre dos grupos civiles que se legalizaron, ocurrido hace 15 días, con saldo de 11 muertos, incluido el hijo de Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas.

El alto funcionario federal fue nombrado hace un año, en enero de 2014, para enfrentar la violencia de uno los cárteles más violentos, originado en la llamada Familia Michoacana y su escisión autodenominada Los Caballeros Templarios.

Casillo argumentó que Michoacán ocupa ahora el octavo porcentaje más bajo en delitos cometidos en 32 entidades federales de México, y se ha puesto fin a "un enfrentamiento entre civiles, con cause institucional".

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"No pude hablarse de un 'estado fallido', cuando se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria para enfrentar proceso penal (por un enfrentamiento sangriento) que en 15 días quedó clarificado", aunque no se pueden "lanzar las campanas al vuelo", dijo el funcionario en la comparecencia pública.

La misión pendiente es la detención de tres líderes prófugos de los Caballeros Templarios —entre ellos Servando Gómez, apodado La Tuta- cuya estructura ha sido desmantelada.

"El secuestro y la extorsión son cosa del pasado, esos delitos se han llevado a su mínima expresión", afirmó el alto funcionario federal.

Las cifras indican que en 2013 hubo 194 secuestros en Michoacán, mientras que en el segundo semestre de 2014 sólo hubo 13 casos; unas 9.000 personas han sido encarceladas por diversos delitos –ilustró-, y se han realizado festivales y espectáculos en ese estado, con famosos enclaves coloniales y prehispánicos.

En cambio, el diputado del Partido Acción Nacional Luis Flores dijo que "en Michoacán todo es ilegal (…) allí la política de seguridad ha sido un fracaso, cada vez hay más asesinatos, más extorsiones".

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El legislador ilustró su crítica con la reciente balacera en el desalojo de la alcaldía de Apatzigán (500 km al oeste) el 6 de enero, donde fallecieron al menos 9 personas, que según el funcionario murieron en fuego cruzado.

"Hay un error, lo demás son consecuencias, y el gran error tiene que ver con que ustedes (el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, 2006-2012) declararon muerto al principal líder de Los Templarios, que se llama Nazario Moreno", conocido como "El más loco", replicó el funcionario federal.

Unas 25 personas han muerto en las últimas semanas en enfrentamientos que involucran a autodefensas, miembros del crimen organizado, civiles, elementos de las fuerzas federales.

Las Fuerzas Rurales fueron creadas en Michoacán a principios de 2014 por el comisionado federal para incorporar formalmente a grupos civiles que se armaron como "autodefensas" para resistir y defenderse de los grupos de narcotraficantes.

Esa medida del gobierno de Peña ha sido criticada por la oposición que la considera peligrosa por la falta de preparación de las autodefensas, por las rivalidades y la posible infiltración del crimen organizado.

Casi dos mil personas han muerto en forma violenta en Michoacán desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña, de un total de 30.000 en todo el país desde diciembre de 2012, y más de 100.000 desde 2007 en todo México.

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