La declaración fue hecha por el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) una ONG internacional con sede en San Francisco, que interpuso una demanda en 2003 contra el ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Rafael Saravia, por su papel como uno de los autores materiales del asesinato del Arzobispo, muerto de un tiro al corazón mientras ofrecía una misa.
"El proceso y la promesa de canonizar a monseñor Romero es mucho más que una decisión religiosa, es el reconocimiento de una persona que, al igual que muchos de los muertos y desaparecidos en El Salvador, pidió justicia; esto trae esperanza a los pueblos de América Latina y el mundo", dijo Almudena Bernabéu en un comunicado difundido en varias capitales latinoamericanas.
La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano ha reabierto el caso bajo el mandato del Papa Francisco, un argentino de formación jesuita, y los teólogos católicos establecieron que Romero fue asesinado por "odio a la fe", cuando celebraba una misa en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, tras ser amenazado de muerte por la ultraderecha por su denuncia de la represión militar.
El capitán Saravia fue localizado por pesquisas del CJA viviendo en oculto en California, EEUU, en el momento de la demanda y fue considerado "responsable de su papel en el asesinato" por un juez, reseña el Center for Justice and Accountability (CJA).
Un juez estadounidense ordenó al acusado ex militar pagar 10 de dólares millones a los demandantes, quien hasta esa sentencia es la única persona que ha sido declarado "responsables por el asesinato de monseñor Romero", indica el organismo.
El CJA, organismo que litiga en varios casos de crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica y el mundo, afirma que el Arzobispo Romero "era la voz líder de las víctimas de la represión del gobierno y para los pobres en El Salvador durante la década de 1970 hasta su asesinato en 1980 por oficiales en el ejército salvadoreño", cuyos oficiales eran entrenados por EEUU.
Más de 75.000 civiles murieron a manos de las fuerzas del gobierno que eran apoyadas por EEUU durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
Esos 12 años de violencia política fueron marcados por tres atrocidades emblemáticas: el asesinato del arzobispo Romero, que desencadenó el conflicto armado en 1980; la violación y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses ese mismo año; y la masacre en 1989 de seis jesuitas de origen español, que obligó a la comunidad internacional a intervenir para lograr la paz en 1992.
