Los socialistas denunciaron que la indemnización de 1.350 millones de euros "la pagan los ciudadanos", y exigieron la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Congreso de los Diputados.
El encargado de presentar el recurso fue el secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, región en la que se encuentra el almacén.
"Intentamos demostrar que se ha tomado una decisión injusta porque se ha tomado defendiendo un interés particular, y no el interés general, y sin saber las circunstancias profundas para que este almacén sea de momento inviable", señaló Puig a la entrega del recurso.
El socialista también enfatizó en que "en 30 días" se le pagó a una empresa "más de 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente".
El Gobierno conservador de Mariano Rajoy ordenó frenar las inyecciones de gas y paralizó Castor ante el temor de continuos seísmos.
El proyecto salió adelante sin los estudios sísmicos necesarios. Tras los primeros terremotos, se comprobó que hay relación entre la inyección de gas en este almacén submarino y los más de 400 seísmos sufridos en la zona.
El proyecto se aprobó en mayo de 2008 con el objetivo de convertirlo en un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. De esta forma, había una reserva ante interrupciones de suministro o aumento del consumo.
