La ley que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015, obligará a todos los funcionarios a revelar los datos sobre ingresos y propiedades.
Conforme a la ley, si un funcionario compra inmuebles, coches o bonos, cuyo precio total supere el ingreso de la familia en los tres años precedentes, debe proporcionar los datos de los gastos familiares.
Asimismo, a los funcionarios federales y municipales se les prohíbe hacer negocios también de una manera indirecta.
