El Tribunal Constitucional español suspendió el 4 de noviembre la consulta secesionista alternativa convocada por el Gobierno catalán. Los doce magistrados admitieron a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La decisión del Tribunal catalán llega un mes después de que la Fiscalía española viviera un auténtico terremoto judicial sobre si presentar o no esta querella.
La disputa fue uno de los motivos por los que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó su dimisión la semana pasada. Todas las organizaciones judiciales denunciaron entonces las injerencias políticas.
Los seis jueces de Cataluña acordaron admitir "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional" y todos los hechos que "de forma directa o indirecta" estén relacionados con la consulta, señalan en un comunicado.
Antes de conocerse la decisión del Tribunal, el presidente Mas dijo esta mañana que "no entiende" que le lleven a los tribunales "por haber puesto las urnas y permitir que la gente votara", aunque avanzó que respeta "plenamente" las decisiones de TSJC.
De hecho, el TSJC en una reunión que duró más de cuatro horas decidió acumular en un mismo procedimiento las 25 denuncias y siete querellas que se han presentado partidos políticos y ciudadanos contra los dirigentes catalanes.
Esta decisión no conlleva ninguna imputación contra el presidente catalán y contra las dos consejeras, la vicepresidenta y la de educación, acusadas también por promover una consulta en la que participaron alrededor de 2,3 millones de catalanes.
Una aplastante mayoría de los participantes votó a favor de la independencia de Cataluña. Más de 5,4 millones de personas estaban llamadas a las urnas, según el censo de 2012.
La querella más fundamentada es la de la Fiscalía autonómica, que acusa a las tres autoridades catalanas de cuatro delitos "desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos".
