El abogado de la infanta, Miquel Roca Junyent, señaló hoy que la infanta está "sorprendida como todos nosotros" y se encuentra "mal y muy afectada".
Roca, en unas declaraciones a los medios de comunicación, dijo que "discrepa totalmente" del auto del juez ya que contradice la sentencia conocida como la doctrina Botín, que "ya está muy consolidada".
En el caso contra el presidente de Banco de Santander, Emilio Botín, fallecido hace pocos meses, el juez archivó la causa porque solo existía una acusación particular.
En el caso de Cristina de Borbón, ni el Fiscal General del Estado ni la Fiscalía de Baleares, donde se sigue el juicio por el escándalo de corrupción conocido como el caso Nóos, ha presentado acusación. Solo se mantiene la acusación particular del sindicato Manos Limpias.
El auto del juez en principio no admite recursos, pero la defensa de los 17 imputados tiene 20 días para presentar alegaciones.
Roca se quejó también de haber conocido el auto antes por los medios de comunicación que por el propio juez.
El juez Castro decretó a primera hora de la mañana de hoy la apertura del juicio oral que se celebrará en la segunda mitad del próximo año y que cierra cuatro años de instrucción.
Según el auto del juez al que ha tenido acceso Sputnik Nóvosti, Castro reclama además a la infanta, a la que considera "cooperadora necesaria en los delitos que cometió su marido contra Hacienda", 2,6 millones de euros.
Por su parte, la acusación particular reclama hasta ocho años de cárcel para la infanta.
La imputación de la infanta está relacionada con el caso Nóos, un escándalo de corrupción política que se inició en 2010 y que afecta a Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina, y su exsocio Diego Torres.
Los dos están imputados por malversación, fraude, prevaricación, falsedad, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Urdangarín y Torres crearon hace once años el Instituto Nóos, un negocio basado en el tráfico de influencias por el que lograban a dedo contratos millonarios para celebrar eventos que nadie controlaba. Según las investigaciones llegaron a desviar hasta seis millones de euros.
Doña Cristina, de 49 años, se convierte así en el primer miembro de la Familia real española al que se le abrirá juicio oral como imputada en toda la historia de la monarquía.
