Este era el juicio más duro al que Greenpeace se había enfrentado en España durante sus más de 30 años de activismo en el país ibérico. En un comunicado han asegurado que "celebran" una sentencia que consideran que "ha probado que la protesta era pacífica".
¡Sentencia #Cofrentes17! Absueltos d los delitos d desórdenes públicos y lesiones a los 16 activistas y tb al fotoperiodista @PedroArmestre
— Greenpeace España (@greenpeace_esp) 16 декабря 2014
El fotoperiodista independiente Pedro Armestre y los 16 activistas de la organización ecologista se exponían a 2 años y 8 meses de cárcel y una multa a Greenpeace que ascendía a 360.000 euros.
El único delito que recoge la sentencia para los 16 activistas es el de daños a la central por la rotura de la valla y otros daños menores.
La sentencia les condena a pagar los 2.232 euros por costes de la rotura de dicha valla y una pena de multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, que asciende a un total de 17.280 euros.
ABSUELTO. La vida sigue, sin cargos penales. Muchas gracias a todos. http://t.co/TojVbvIJMe #Cofrentes17 pic.twitter.com/OQ2FYHJd2B
— Pedro Armestre (@PedroArmestre) 16 декабря 2014
Sin embargo, estas cantidades son menores comparadas con la sanción de 357.371 euros que pedía la parte demandante, la compañía eléctrica Iberdrola.
"La sentencia ha dejado claro que han sido en vano los intentos de criminalizar la protesta pacífica y el activismo ecologista. La sentencia demuestra que la protesta en la central nuclear de Cofrentes fue siempre pacífica y que jamás se dañó a nadie", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, en un comunicado.
Iberdrola y el Ministerio Fiscal acusaban a los activistas y al fotoperiodista de "desórdenes públicos, lesiones y daños" durante "la intrusión violenta en el emplazamiento de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia".
La protesta se realizó el 15 de febrero de 2011, casi un mes antes del accidente de Fukushima. Greenpeace accedió a la central nuclear de Cofrentes para pedir que no se prolongara su vida útil.
Esta sentencia no es firme y desde hoy se abre un plazo de diez días en el que cualquiera de la partes podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
