La medida abarca a todos los funcionarios que participan en la elaboración de decisiones que conciernen a la soberanía o a la seguridad nacional y está destinada a prevenir casos de corrupción.
Se establece igualmente que los funcionarios y los aspirantes a serlo deben informar sobre sus ingresos y bienes.
Cada vez que un empleado público haga una compra por un importe que supere las ganancias de su familia en los últimos tes años debe informar sobre los ingresos propios, del cónyuge y de los hijos menores de edad.
Además, la norma prohíbe a los funcionarios y diputados participar en la administración de empresas y estar involucrados indirectamente en negocios.
A su vez, los funcionarios están obligados a informar sobre cualquier intento de soborno.
