En sendas providencias, la Sala comunicó a las partes el acuerdo de someter la cuestión a Pleno (integrado por diez magistrados) al amparo de las facultades que en tal sentido concede a la Presidencia de la Sala el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"El Pleno, que no se celebrará antes del mes de enero, decidirá si admite o no a trámite las demandas. La Fiscalía ha pedido la inadmisión de las mismas", señaló en la nota de prensa.
Las demandas fueron presentadas por Albert Solà Jiménez de España e Ingrid Jeanne Satiau, ciudadana belga, en 2012.
El Ministerio Público refuta por ilegal una supuesta prueba de ADN que se hizo a Juan Carlos y que fue analizada, según la defensa, por un ex perito del Cesid.
"Dicho documento, si bien no es reciente, llegó a manos de mi defendido hace escasas dos semanas proveniente de una persona cercana a él", explica en su escrito el abogado Francesc Bueno.
Bueno reclama una segunda prueba si finalmente el Supremo no admite el actual test.
Solà fue adoptado cuando era un niño por una familia de campesinos catalana. En diferentes entrevistas, el supuesto hijo real asegura que su madre biológica, que provenía de una acomodada familia de Barcelona, mantuvo relaciones con el Rey emérito antes de que éste contrajera matrimonio con la Reina Sofía.
"Mi cliente no tiene aspiraciones monárquicas ni ánimo de lucro sino que solo quiere un reconocimiento de su condición de hijo de Juan Carlos", afirmó Bueno.
El ex rey de España es aforado; es decir, sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, desde julio pasado.
Ese mes el Parlamento aprobó una reforma legal, conocida como reforma exprés por la rapidez con la que fue tramitada, para incluir entre las personas con especial tratamiento judicial a Juan Carlos, a la Reina Sofía, a la Reina Letizia y a la Princesa de Asturias.
Tras su abdicación en favor de su hijo Felipe el 2 de junio pasado, las demandas remitieron al Tribunal Supremo.
