Así lo confirmó este jueves el diario brasileño Folha de Sao Paulo, que señala que la decisión de Rousseff, quien se benefició en su momento de la misma ley por su pertenencia al Comando de Liberación Nacional, habría sido tomada para no crear tensión con sectores conservadores de las Fuerzas Armadas del país.
Al parecer, en los últimos meses el ministro de Defensa, Celso Amorim, tuvo que lidiar con varios altos cargos del Ejército para evitar conflictos con el gobierno en el momento de la divulgación del informe de la CNV, ya que acusa directamente a 377 militares por los crímenes cometidos en el periodo militar (1964-1985).
Por tanto, en caso de que el Tribunal Superior Federal (TSF) abra una discusión sobre la reforma de la Ley de Amnistía, la Abogacía General de la Unión se mantendrá contraria a la revisión.
Sin embargo, esta circunstancia parece que no llegará a producirse dado que los jueces del TSF ya habrían dado a entender su posición contraria a la reforma y habrían recalcado que el informe de la CNV no tiene efectos jurídicos prácticos.
En 2010, el intento de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) por reformar la Ley de Amnistía fue rechazado en el TSF por 7 votos a dos.
