Seis soldados y un teniente del Ejército de México quedaron bajo arresto y procesados ante un juez federal, acusados de ocho homicidios en una operación saldada el 30 de junio con 22 sicarios en el municipio Tlatlaya, del Estado de México que rodea la capital, después de que varios de ellos se rindieron y fueron ejecutados.
Los militares no serán juzgados por un tribunal militar sino por un juez civil federal de procesos penales con sede en Toluca, capital del estado de México —al cual corresponde ese municipio localizado a 360 km al este de la capital—, informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La causa penal 81/2014 fue iniciada el fin de semana pasado contra los seis soldados de quienes por primera vez se difundieron sus nombres como indiciados: Alan Fuentes, César Guerrero, Roberto Acevedo, Samuel Torres, Fernando Quintero, Leobardo Hernández; bajo el mando del teniente Ezequiel Rodríguez.
Las acusaciones federales señalan ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, alteración del lugar, manipulación de vestigios, encubrimiento (en el caso del teniente); y homicidio calificado contra ocho personas que se rindieron, después de un enfrentamiento desde una bodega contra la patrulla.
¿Ocho, quince o 21 ejecutados?
La orden del juez federal contradice la investigación del Ombudsman federal (Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH) del 21 de octubre, según la cual 15 de los 22 civiles muertos se rindieron y fueron asesinados con sus propias armas, después que se habían entregado, tras un breve enfrentamiento que duró "de 5 a 10 minutos".
La muerte de otros tres jóvenes no pudo ser establecida por los investigadores humanitarios federales, debido a que los cuerpos fueron "manipulados", y genera una presunción de que "fueron privados ilegalmente de su vida", indicó la investigación firmada por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.
La CNDH (Defensor del Pueblo, autónomo) concluyó que "una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcionada, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas".
"Los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación", concluyó la CNDH, además que les colocaron en otra posición las armas.
La pista de una investigación periodística
Las detenciones fueron ordenadas una semana después de que organismos civiles de derechos humanos denunciaran que los militares habrían cometido "ejecuciones extrajudiciales" contra 21 de los 22 civiles armados en el operativo.
La denuncia se basaba en una investigación periodística divulgada una semana antes, a mediados de septiembre, por la versión en español de la revista Esquire Latinoamérica, según la cual, el Ejército de México habría fusilado a los civiles armados, la mayoría jóvenes incluida una menor de 15 años de edad, después que se rindieran y fueran capturados vivos.
La investigación periodística partió del testimonio de una mujer testigo, que el Ejército presentó como una de tres mujeres liberadas de un secuestro en la operación, pero era la madre de la joven ejecutada.
"Lo cometido por el Ejército en Tlatlaya son ejecuciones extrajudiciales, y así deben ser investigadas por la justicia civil", dijo el día de las detenciones a Nóvosti Edgar Cortez, directivo del independiente Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El primer reporte oficial fue cuestionado con escepticismo un día después: "Estamos esperando un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento en el cual el Ejército mató a 22 civiles armados y sólo sufrió un herido. No se han presentado evidencias", comentó aquel día a Nóvosti la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro.
