El juez federal Thomas Griesa, que instruye la causa de la deuda argentina, ha declarado en desacato al país austral. En una decisión controvertida, entiende que el país busca incumplir sus órdenes mediante artimañas legales y retrasos injustificados.
El juez no ha dado plazo para fijar la cuantía de la multa, pero los denominados 'fondos buitre', principales litigantes contra Argentina, han solicitado que sea de 50.000 dólares diarios.
Griesa atribuye su resolución al hecho de que "Argentina ha dado pasos para no cumplir las órdenes" dictadas por su tribunal.
El mismo día en que se conocía la medida, el Departamento de Estado recibía una carta de la embajada Argentina en EEUU, en la que tachaba de "absurdo legal" la posibilidad de que fuera declarada en desacato, violando su soberanía.
El problema, tal y como recuerdan el Wall Street Journal y otros medios especializados, es que cuando Argentina reestructuró su deuda aceptó que cualquier litigio fuera resuelto en los tribunales estadounidenses, a cuya jurisdicción se acogía.
Entre tanto, los fondos demandantes, que apenas representan un 3% del total de los bonistas, exigen el pago del 100% de la deuda. Fruto de su demanda, 534 millones de dólares, enviados por Argentina al resto de los bonistas, permanecen bloqueados en un banco de Manhattan.
Quienes aceptaron reestructurar su deuda, viene a decir Griesa, no verán un dólar mientras Argentina no arregle una salida negociada con los 'fondos buitre'. Argentina señala que de hacer caso al juez federal liquidaría de facto las quitas pactadas, obligándola a abonar el 100% a todos los bonistas, lo que desataría una crisis de proporciones épicas.
