El Gobierno del conservador Mariano Rajoy no mueve ficha, a pesar de la multitudinaria movilización que se vivió el jueves en Cataluña, cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de Barcelona para pedir la independencia en un proceso que ha ido ganando impulso desde 2012.
"El Gobierno respeta el derecho a manifestarse de los catalanes, pero el Gobierno catalán tiene la misma obligación de cumplir la Constitución y las leyes" ha dicho hoy la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros de los viernes.
La opción del Gobierno español es el "diálogo y la ley" y ha recordado que para cambiar la Carta Magna se necesita "un amplio consenso".
Tras la gigantesca protesta catalanista, el presidente catalán Artur Mas ha reafirmado esta mañana su decisión de sacar las urnas para votar, "aunque no sabemos en qué condiciones porque no depende de nosotros", en referencia a la consulta separatista prevista para el 9 de noviembre que el Gobierno de Madrid prohíbe porque no la permite la Constitución.
Hoy, Sáenz de Santamaría ha vuelto a repetir que "la consulta no se celebrará porque es ilegal". Este mediodía la número dos del conservador Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ya había alegado que "en democracia se gobierna con leyes y no con manifestaciones".
Santamaría ha advertido al Gobierno regional que "antes de iniciarse un proceso que puede acabar generando frustración, hay que saber con qué cuenta". También ha pedido a los partidos de la oposición que aclaren "qué se pretende (reformando la Constitución), hacia dónde se quiere ir y con qué apoyos se cuenta para esa reforma".
