China investiga por corrupción a Zhou Yongkang, el antiguo y temido zar de la seguridad, según la agencia de noticias Xinhua. La trascendental noticia ha salido con la asepsia acostumbrada: está siendo investigado por “violaciones serias de la disciplina de partido”, una fórmula eufemística que China utiliza para la corrupción.
La relevancia histórica es doble. Por un lado, es el político de mayor nivel investigado por corrupción desde que Mao fundara el país en 1949. Y por otro, el partido rompe la regla no escrita que asegura un retiro dorado y plácido a la élite.
Algunos analistas sugieren que los cargos de corrupción ocultarían otros más graves, que irían desde un intento de golpe de Estado a la filtración de información sobre las fortunas de otros líderes como venganza a la purga de Bo Xilai, el ex líder del partido en Chongqing condenado por corrupción con el que compartía clan.
La medida supone un triunfo sin precedentes para el presidente Xi Jinping y es corolario de que maneja con fuerza las riendas del partido.
Zhou, de 71 años, fue uno de los nueve miembros del Comité Permanente del Partido Comunista de China, el órgano que pilota el país, desde 2007 hasta su jubilación en 2012. Zhou había amasado un poder casi ilimitado como jefe del Comité de Asuntos Políticos y Legales, el aparato de seguridad del Estado, que durante su mandato llegó a alcanzar un presupuesto de 110 mil millones de dólares anuales, superior incluso al del Ejército de Liberación Popular.
Durante su quinquenio al frente del cuerpo supervisó el funcionamiento de la policía, las fuerzas paramilitares, la judicatura, la fiscalía y el servicio de inteligencia civil, lo que le dio información muy valiosa sobre sus rivales políticos. Sus tentáculos se extendían también en la poderosa industria nacional petrolífera y en la provincia de Sichuan, de la que fue el jefe del partido.
Zhou fue uno de los hombres más temidos del país, tanto por los disidentes políticos como por sus compañeros de partido, pero su excesiva concentración de poder precipitó su caída. A Zhou le presentaban los expertos como contrario a la facción de Xi. Su influencia explica los rumores de que incluso intentó atentar contra el presidente durante las semanas en las que éste desapareció de la escena pública.
El cerco sobre Zhou se había estrechado sin pausa en los últimos meses. Familiares, aliados políticos, empresarios afines, protegidos y cualquiera que en general hubiera estado cerca de él había sido interrogados y/o detenido por las autoridades, que hoy ya deben de acumular información suficiente para sustentar el pliego de cargos.
Más de 300 de personas relacionadas con el antiguo jefe de seguridad han sido interrogadas, según fuentes anónimas de la investigación. Al menos 90 mil millones de yuanes (casi 14 mil millones de dólares) han sido confiscadas a sus familiares y allegados. Zhou estaba ya en arresto domiciliario desde que la investigación contra él se intensificó. La confirmación oficial de su investigación, tras meses de especulaciones, era una cuestión de tiempo.
Su detención apuntala la lucha anticorrupción, que Xi ha convertido en el signo más distinguible de su Gobierno. Cuando subió al poder prometió que caerían tanto “tigres” como “moscas”, es decir, anónimos funcionarios locales y poderosos cargos. El resultado, año y medio después, son al menos 30 oficiales de rango provincial y ministerial y más de 50 ejecutivos de compañías estatales. Es la mayor campaña contra la corrupción en China en décadas, que ha alcanzado a ámbitos antes intocables como las empresas públicas, el Ejército o el Comité Permanente del partido.
