La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Garoña, por cerrar la instalación sin permiso en diciembre de 2012.
La multa asciende a 18,4 millones de euros, la máxima posible. La causa, según la CNMC, es una infracción muy grave al reducir la capacidad de producción eléctrica y el suministro sin la autorización preceptiva.
"La decisión de detener el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada", apunta la CNMC en su resolución.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear todavía está pidiendo más información a Nuclenor, una sociedad que está participada al 50% por Iberdrola y Endesa, para saber si autoriza o no la reapertura de la central.
La compañía optó por el cierre de la instalación en plena polémica por algunas de las medidas de la reforma eléctrica, especialmente los nuevos impuestos que las empresas tenían que pagar y que, según Nuclenor, “hacían económicamente inviable a Garoña”.
Sin embargo, la compañía ha solicitado retomar la actividad de la planta y ampliar su vida útil hasta 2031, por lo que podría alcanzar los 60 años en activo.
