El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, insistió hoy en la validez de las pruebas, presentadas la víspera a la ONU y cuestionadas por EEUU, de que rebeldes sirios usaron sarín en Alepo el pasado mes de marzo.
“Nuestros expertos, tras tomar muestras sobre el terreno y analizar las en un laboratorio ruso certificado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, concluyeron que el proyectil y la carga de sarín que contenía eran de fabricación casera”, afirmó Lavrov.
Calificó estas conclusiones de “claras e inequívocas, basadas en criterios universales, pues tanto las características del proyectil como las del sarín no responden a los estándares de producción industrial”.
El proyectil y su contenido, según el canciller ruso, fueron “elaborados en febrero en el territorio que por aquellas fechas estaba bajo control de un grupo afiliado al Ejército Libre de Siria”, una de las principales fuerzas que combaten contra el Gobierno de Damasco.
Rusia garantiza que sus expertos controlaron las muestras en todo momento, hasta su llegada al laboratorio, a diferencia de EEUU, Francia y Gran Bretaña que presentaron muestras que habían “pasado de mano en mano y, en parte, fueron recibidas a través de periodistas”, dijo Lavrov.
El informe de expertos rusos avala el planteamiento del actual régimen de Siria que acusa a los insurgentes de haber disparado un proyectil con carga química contra el barrio de Khal al Asal, en Alepo, el pasado 19 de marzo.
Mientras, Washington cuestionó anoche la conclusión de técnicos rusos. Solamente el Gobierno sirio tiene la capacidad de utilizar o ha utilizado armas químicas, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
Damasco y la oposición siria intercambian acusaciones sobre el uso de armas químicas en el conflicto que estalló en marzo de 2011 y, según las estimaciones de la ONU, provocó al menos 93.000 muertos hasta la fecha.
Los países del G-8, en el comunicado final de la cumbre celebrada en Lough Erne en junio, llamaron a ambas partes en conflicto a facilitar el acceso de inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que lleven a cabo una investigación objetiva de todos los casos y presenten un informe al Consejo de Seguridad de la ONU.
