Legisladores rusos propusieron hoy incluir en el paquete de sanciones en respuesta a la “ley Magnitski”, recién adoptada en EEUU, una enmienda que prohíba a ciudadanos estadounidenses la adopción de niños en Rusia.
Presentada por la diputada Ekaterina Lájova, de la fracción oficialista Rusia Unida, y Elena Afanásieva, del Partido Liberal Democrático de Vladímir Zhirinovsky, la enmienda en cuestión ya recibió el visto bueno del Comité de leyes constitucionales y desarrollo institucional de la Cámara Baja. Además de prohibir la adopción directa, la moción prevé retirar la licencia a las agencias que se dedican a seleccionar en Rusia niños candidatos para hogares adoptivos en EEUU.
Otra enmienda estipula prohibir en Rusia la actividad de las ONGs políticas financiadas desde EEUU.
Por “ley Magnitski” se conocen las sanciones de EEUU contra una serie de cargos públicos rusos supuestamente implicados en la muerte del jurista Serguei Magnitski, en 2009.
Las represalias rusas a esta ley, que Moscú calificó de acto político e inamistoso, también recibieron un nombre propio, “la ley Dima Yákovlev”, en homenaje a un niño ruso de dos años que murió en EEUU después de que su padre adoptivo lo dejara encerrado en un coche bajo un sol abrasador.
Dicha normativa, que se pondrá a debate en segunda lectura el próximo 19 de diciembre, prohíbe la entrada en Rusia y amenaza con embargo de bienes a cualquier ciudadano estadounidense implicado en acciones ilegales contra nacionales de Rusia. Expertos de la cancillería rusa se encargarán de confeccionar y actualizar esa “lista negra” cuando la ley entre en vigor, según las previsiones, a partir del próximo año.
El vicepresidente de la Cámara Baja, Serguei Nevérov, afirmó hoy que Rusia Unida está dispuesta a respaldar la enmienda sobre la prohibición de adopciones para ciudadanos de EEUU.
“No descarto que planteemos tanto una suspensión como la prohibición total de las adopciones”, dijo Nevérov tras subrayar que ya hubo múltiples muertes de niños rusos en hogares adoptivos estadounidenses, y que la Justicia de EEUU pocas veces emite veredictos objetivos contra los responsables.
Serguéi Magnitski, de 37 años, abogado del fondo de inversiones Hermitage Capital Management, murió en noviembre de 2009 tras ingresar en prisión preventiva bajo cargos de evasión fiscal. Él mismo siempre rechazó las acusaciones, sosteniendo que la causa penal fue resultado de una denuncia suya contra funcionarios corruptos que supuestamente habían robado decenas de millones de dólares al fisco ruso.
Su muerte, que supuestamente se produjo por falta de asistencia médica adecuada, provocó una amplia resonancia pública tanto en Rusia como en Occidente.
El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó el 14 de diciembre una ley que impone sanciones contra funcionarios rusos supuestamente implicados en la muerte de Magnitski, paralelamente a la subrogación de la enmienda Jackson-Vanik que obstruía el comercio ruso-estadounidense desde los años 1970.
“La misma gente que inaugura cárceles secretas y legaliza la tortura en la investigación viene a indicarnos nuestros defectos”, señaló anteriormente el presidente ruso, Vladímir Putin. Según él, la respuesta de Moscú a la “ley Magnitski” debe ser “adecuada, no desmesurada”.
