Hay ruedas moviendo ruedas en este pueblo y fuegos nutriendo fuegos (Arthur Asher Miller, 1915-2005)
Después de siglos de seguir ciegamente los modelos de desarrollo económico y sociopolítico, primero europeos y después norteamericanos, América Latina está imponiendo lentamente su propia agenda regional de acuerdo a las condiciones y particularidades de cada país.
Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández están tratando de impulsar la soberanía popular en los sectores vitales de la economía como la energía eléctrica, los hidrocarburos, el agua, la extracción de minerales y los medios de comunicación entre muchos otros, que tradicionalmente han estado en manos de las corporaciones transnacionales o de sus socios locales.
La expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Española (99.4%) en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) en Bolivia, anunciada por el presidente Evo Morales, quince días después de que Argentina nacionalizara Repsol-YPF, refleja claramente esta tendencia regional de recuperación del control, administración y dirección de las empresas estratégicas de la economía. Ambos casos representan un proceso de apropiación lógica de las corporaciones que antes eran la propiedad de Estado que después de ser privatizadas dejaron de producir beneficios para el país. Al día siguiente de la expropiación de la TDE, el gobierno de Bolivia también decretó la nacionalización de la segunda empresa generadora de electricidad en el país Rurelec, filial de British Petroleum (BP).
El proceso de privatización en Bolivia se inició en 1980 con la llegada del economista norteamericano de la Universidad de Harvard, Jeffrey Sachs que fue considerado por la prensa globalizada durante dos décadas como un gurú económico y uno de los más destacados promotores de la ‘’terapia de choque’’. Este Jeffrey Sachs es el mismo que por capricho del destino y la voluntad de los líderes comunistas de la época de Boris Yeltsin, guió la destrucción de la economía post soviética en Rusia y en los ex países socialistas.
Lo primero que hizo Sachs en Bolivia fue desmantelar, junto con la ayuda del ministro de finanzas Gonzalo Sánchez de Lozada (Gony), todas las empresas públicas creadas por las reformas populistas en 1952. Siguió con la privatización y liberalización de la economía prometiendo inversión extranjera. Su experimento duró cinco años pero al quinto año de su inicio Mr. Sachs se sintió ‘’desilusionado con los bolivianos’’ al darse cuenta que el prometido ‘’boom económico para 1986’’ resultaría en realidad un completo desastre, lo que realmente. Entonces así como Sachs apareció en Bolivia desapareció para seguir con sus experimentos en Polonia y posteriormente en Rusia.
Sachs dejó una Bolivia en ruinas con el índice de desocupación rondando el 25 por ciento y el de la semi ocupación, superando 70 por ciento. La prometida inversión extranjera nunca llegó y los nuevos dueños de las ex empresas estatales decidieron esperar mejores tiempos para iniciar la producción. Más de 23.000 de los mineros de un total de 32.000, que fueron empleados por la ex corporación estatal Comibol perdieron su trabajo. Otros 100.000 obreros cualificados del total de 130.000 que absorbía el sector industrial también se quedaron en la calle. La exportación del gas sufrió un dramático descenso debido a una crisis que atravesaba su principal importador, Argentina.
Finalmente, el único sector rentable de la economía, gracias a Jeffrey Sachs, resultó ser el cocalero, coincidiendo con una cómoda instalación de la Drug Enforcement Agency (DEA) en Bolivia. Bajo su ojo vigilante, el país recibió en 1989 unos 700 millones de dólares por las hojas de coca del total de 730 millones que generó toda la economía nacional.
Posteriormente cuando los precios internacionales de gas, petróleo y minerales se recuperaron, Bolivia fue invadida por las corporaciones extranjeras y en especial, las norteamericanas, brasileñas y españolas. Prácticamente el país se quedó a merced de las transnacionales y de los oligarcas locales, que con ayuda de los gobiernos de turno nunca hicieron nada para mejorar el nivel de vida de la población, siendo Bolivia, de acuerdo al investigador Pablo Villegas del Centro de Documentación e Información de Bolivia, “entre los más pobres de América Latina, sólo por delante del más pobre: Haití”.
Recién con la elección de Evo Morales como presidente del país en 2006 se cambió la situación, comenzando el gobierno la política de apropiación de sus propios y abundantes recursos naturales. Se establecieron nuevas reglas de juego con las empresas extranjeras, que según el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, “podían continuar sus inversiones, pero con los papeles invertidos, es decir, les planteamos los ingresos de las utilidades para el Estado boliviano en 82 por ciento, y el 18 por ciento para las empresas. En otras palabras, hemos volcado la tortilla. Antes de la elección de Evo Morales era al revés’’.
Durante estos cinco años Morales hizo nacionalizar 14 corporaciones en manos extranjeras en las áreas de hidrocarburos, agua, saneamiento y minería. Debido a este proceso, las rentas del Estado por hidrocarburos aumentaron de 2005 a 2011 de 673 millones de dólares anuales a tres mil millones y reservas nacionales de un mil millones a 12 mil millones de dólares lo que permitió crear una serie de programas sociales redistributivos y reducir la pobreza del 60.8 por ciento al 49.6 por ciento y la pobreza extrema del 38 al 25 por ciento. Simultáneamente, el sueldo mínimo mensual fue elevado en 127 por ciento a 1.000 bolivianos (145 dólares).
Con la nacionalización de la TDE la corporación española RRE, que prácticamente era su dueña, no solamente no pierde nada sino inclusive gana porque la empresa estaba perdiendo sus utilidades a pasos agigantados. La TDE fue adquirida en 1997 por 88,7 millones de dólares. El gobierno boliviano se comprometió pagar a la REE 80 millones de dólares de indemnización en el plazo de 180 días igual como el hizo anteriormente con la empresa de telecomunicaciones italiana ETI a la que pagó 100 millones de dólares. En el caso de la TDE, esta empresa que posee 2,772 kilómetros de líneas de transmisión y controla el 74 por ciento de la red ya estaba avalada por la auditoría de Pricewaterhouse Coopers firmada el 23 de Febrero de 2011, en 5,88 millones de dólares, admitiendo su dueña la Red Eléctrica Española (REE) la pérdida del 94 por ciento de su valor.
Las inversiones de la TDE en Bolivia se redujeron desde 17,6 millones de dólares en 2006 a 2,8 millones en 2010. Resulta que, según informes anuales de Red Eléctrica Internacional, la filial boliviana prestaba dinero a su matriz en España por seis millones de dólares y con un interés de 1,99 por ciento. En estos cinco años el Estado boliviano tuvo que invertir 200 millones de dólares para cubrir las necesidades nacionales en electricidad. Entonces, los 80 millones de dólares que ofreció Evo Morales por la expropiación es un negocio redondo para la REE española. No hay ninguna protesta de parte del gobierno español. Solamente el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mike Toner dijo que el gobierno estadounidense “está preocupado” por el anuncio de Evo Morales de nacionalizar la TDE.
En realidad, lo que le preocupa a Estados Unidos y lo que está intuyendo venir, es la posibilidad de que América Latina decida tomar control de sus recursos naturales y en especial, de hidrocarburos atreviéndose a revertir su política tradicional de sumisión a la revalorización de sus intereses nacionales en cuyo proceso la decisión del pueblo será decisiva. Como dijo alguna vez Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
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