Un arma de fuego desconocida, que no figura en los arsenales de las unidades del Ministerio del Interior de Egipto, se utilizó durante los enfrentamientos que se produjeron en El Cairo entre enero y febrero, comunicó hoy el diario "Al Ahram".
Esta información, según el rotativo, fue revelada por los abogados que defienden al ex ministro egipcio del Interior, Habib al Adli, y a seis jerarcas policiales acusados de la muerte de manifestantes durante los enfrentamientos en la Plaza Tahrir de El Cairo, en enero y febrero.
Los abogados recibieron acceso a las pruebas materiales que, según afirman los jueces instructores, demuestran que los dirigentes del Ministerio del Interior habían ordenado disparar contra los manifestantes.
Dichas pruebas incluyen, en particular, cartuchos descargados de un arma de procedencia desconocida. "Son pruebas de que en la Plaza Tahrir actuaron elementos subversivos que pretendían hacer pasar a los policías como asesinos de los manifestantes", declaró uno de los abogados citado por "Al Ahram".
Ahora, los abogados exigirán formar una comisión técnica especial para investigar detalladamente el arma utilizada. A juicio de los letrados, los manifestantes también utilizaron armas de fuego durante los enfrentamientos en El Cairo.
En el caso de la cúpula del Ministerio egipcio del Interior, enfrenta cargos por asesinato premeditado de manifestantes, instigación al asesinato e intimidación de los participantes en las protestas.
Anteriormente, el tribunal de El Cairo condenó al ex ministro del Interior, Habib al Adli, a 12 años de cárcel y a una multa de 2,4 millones de dólares por los delitos de blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito.
El 3 de agosto, compareció por primera vez ante el tribunal el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, de 83 años, también acusado de estar implicado en la muerte de manifestantes. Su juicio deberá reanudarse a mediados de agosto.
Mubarak gobernó Egipto durante casi 30 años. Renunció el pasado 11 de febrero y traspasó sus poderes a la cúpula del Ejército tras casi tres semanas de protestas y disturbios públicos. La Fiscalía General ordenó detenerlo el 12 de abril.
