La semana pasada la Cámara Baja del parlamento de Rusia (Duma) aprobó en segundo debate el proyecto de una nueva ley destinada a reformar la policía nacional empañada durante los tiempos soviéticos, comprometida en los primeros años del capitalismo y actualmente, reconocida como una de las entidades más corruptas de la gestión pública.
Para borrar de un plumazo su deteriorada reputación, la ley propone reemplazar el término “miliciano” por el de “policía” y al parecer, eso es lo que más destaca la opinión pública al comentar la reforma al ministerio del Interior que debe entrar en vigor a partir del próximo 1 de marzo.
Promovida por el presidente ruso, Dmitri Medvédev, el proyecto de ley sobre la reforma del ministerio del interior fue sometido a un debate a nivel de instituciones estatales, entidades particulares competentes, y finalmente, se expuso a discusión a la población que pudo por la red de Internet proponer enmiendas.
Una vez finalizado todo ese proceso de discusión, las encuestas de opinión revelaron que la mayoría de los rusos esperan que los nuevos “policías” al menos no violen las libertades individuales y refuercen la seguridad pública, porque la población está prácticamente indefensa ante la criminalidad y la corrupción.
Porque cada es vez son más frecuentes los casos de alianzas entre las agrupaciones criminales y los policías corruptos.
Todavía los mercados populares en todas las ciudades del país, supuestamente abiertos a cualquier comerciante, están controlados por bandas criminales extorsionistas que cobran supuestamente por la seguridad y otros “servicios”.
La connivencia de las bandas de narcotraficantes y la policía adquirió dimensiones tan desproporcionadas que las autoridades tuvieron que crear una entidad especial el Servicio Federal de Control de Drogas (FSNK) para combatir este flagelo.
Según expertos, la reforma despojó a la milicia de una serie de actividades que al no ser fundamentales, en la mayoría de los casos daban lugar a situaciones de negligencia y hasta corrupción por parte de los agentes.
Así, los nuevos policías no se dedicarán a expedir certificados sobre el estado técnico de los autos, la expulsión de inmigrantes ilegales, la custodia de detenidos en prisión preventiva y la distribución de convocatorias a los jóvenes en edad de prestar el servicio militar.
Tampoco se encargará de los centros de rehabilitación de alcohólicos, es decir, ya no se ocupará de “pescar” borrachos en la calle, y conducirlos a centros especiales, que a partir de marzo serán responsabilidad del ministerio de Salud.
Según el preámbulo de la ley: “La policía acude inmediatamente a la ayuda de cualquiera que necesita ser defendido de actos criminales o de otra índole”.
La prensa destaca que la diferencia principal entre la milicia de antes y la nueva policía radica en que si antes el individuo era visto como un delincuente o infractor potencial, ahora para la policía la inocencia del ciudadano es una categoría legal prioritaria.
Una vez la reforma entre en vigor, y como ocurre en la mayoría de los países occidentales, los policías rusos deberán desarrollar una labor más enérgica de ilustración judicial hacia la población explicando sus derechos y obligaciones.
En caso de detención, el policía debe informar a la persona el motivo de su detención, su derecho a llamar un abogado, tener un traductor, informar telefónicamente sus familiares, e incluso su derecho a abstenerse a testificar.
Entre otras cosas, estas innovaciones aparecieron en la reforma por iniciativa de la población que conoce de sobra la impunidad que tiene la policía para detener personas sin ninguna explicación, y a veces someterla a malos tratos, extorsiones y otro tipo de desmanes.
Otro logro popular es que el policía en servicio lleve en un lugar visible de su uniforme una placa de identidad indispensable en el caso de posibles reclamos, como también la puesta en funcionamiento permanente de teléfonos de urgencia y direcciones en Internet para denunciar actitudes incompatibles por parte de los agentes del orden.
Entre los puntos de la reforma de más controversia desató en la sociedad, la prensa destaca las normas y procedimientos en la que la policía puede irrumpir en una vivienda particular sin la autorización de sus propietarios.
Según las propuestas incluidas en el proyecto de ley la policía podrá entrar a cualquier domicilio ruso en cuatro casos: para salvar la vida de civiles o su propiedad en caso de desórdenes, para la detención y captura de sospechosos en la comisión de delitos, para evitar la comisión de delitos y para establecer la comisión de delitos o accidentes con víctimas mortales.
Otro punto peliagudo de la reforma supone los casos en que la policía podrá utilizar la fuerza para detener civiles, los recursos (instrumentos) que puede utilizar e incluso las partes del cuerpo que no puede golpear o forzar bajo ninguna circunstancia.
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