Ninguno de los candidatos oficialistas a la presidencia de Rusia ha participado en debates preelectorales. Paradójicamente, esta constancia demuestra la extrema volubilidad del sistema político ruso.
Vladímir Zhirinovski y Andrei Bogdánov tomarán parte en los debates. Guennadi Ziugánov no ha decidido aún, si imita el ejemplo de Dmitri Medvédev quien se ha negado. Los electores potenciales no sabrán, si Medvédev sabe defender su programa en áspera polémica y repeler golpes de rivales políticos en directo. Lo anterior no afectará a su campaña: el vicejefe primero del Gobierno ha prescindido de las vacaciones y seguirá repartiendo a través de noticiarios televisivos las promesas de subir salarios, pensiones y subsidios. Promesas que son gratas para el oído del elector. La negativa de participar en los debates en vivo es predecible e impune: la participación es un derecho, no una obligación para los candidatos. Por otro lado, ha habido debates en todas las elecciones del período postsoviético, así que los electores perciben este mecanismo como algo conveniente y adecuado al modelo clásico de la democracia. El 73% de los rusos quisiera que Medvédev participarse en los debates, según indica una encuesta reciente del Centro Levada.
El objetivo del momento - para Borís Yeltsin, Vladímir Putin o Dmitri Medvédev - siempre ha hecho inconveniente o simplemente innecesaria la participación en los debates preelectorales. Apenas visible a día de hoy, la institución de los debates se ha preservado, tal vez, justo porque la participación ha sido voluntaria y no ha habido necesidad de promover iniciativas legales para negarse. La tradición de debates no ha cundido pero sí ha cundido la tradición de obviarlos.
En otras situaciones, el régimen no ha tenido reparos en cambiar las reglas del juego. La Ley de los partidos políticos, aprobada en 2001, los obligó a tener 10.000 militantes como mínimo y delegaciones en la mitad de las regiones del país. Ello puso fin tanto a la existencia de los llamados "partidos de sofá" como a la de alianzas políticas regionales. Las enmiendas de 2004 a la Ley constitucional del referéndum bajaron del 25% al 5% el máximo admisible de las firmas no autenticadas a favor de la convocatoria, prohibieron incluir en las papeletas de voto las cuestiones relativas al presupuesto y a la propiedad, e hicieron prácticamente imposible la celebración de consultas populares. Después del atentado de Beslán se suprimió la elección de los gobernadores por sufragio directo.
Las municipalidades siguen siendo los únicos organismos elegidos pero la reforma del autogobierno local, iniciada en 2002, se prolonga hasta ahora y la respectiva ley se somete constantemente a retoques. Ya es posible suplantar la elección de un alcalde por la contratación de un ejecutivo invitado, y tanto los gobernadores como las asambleas regionales han obtenido el derecho a retrasar por tres años plena entrada en vigor de la ley del autogobierno local. También pueden limitar hasta el año 2009 el ámbito de competencias de las municipalidades.
Las enmiendas adoptadas en 2005 acabaron con las circunscripciones uninominales, dejando la promoción de candidatos en las manos de burócratas partidistas; prohibieron la formación de bloques electorales que permitían a pequeños partidos acceder a escaños federales y regionales; elevaron a 50.000 el mínimo obligatorio de militantes, y del 5% al 7% la barrera electoral. En 2006 y 2007 quedaron suprimidos el requisito de afluencia mínima y la opción del voto contra todos. En los comicios presidenciales de 2008 se ven beneficiados los candidatos de aquellos partidos que tienen representación en la Cámara baja, pues no tienen que recoger firmas ni someterlas a la autenticación.
Es una lista incompleta pero elocuente. La "democracia soberana" a la rusa no consiste en tradiciones diferentes a los modelos occidentales sino en una modificación constante de las reglas del juego. Quien manda, no necesita debates.
