La ley establece reglas uniformes de actividad, incluidas las exigencias de independencia, prevención de conflicto de intereses y revisión de metodologías. Así, el capital mínimo que se fija en 50 millones de dólares.
La ley también regula la actividad de analistas, en particular se les prohíbe ejercer su actividad hacia el mismo objeto de calificación por más de 4 años, y por más de 5 si se trata de nota soberana.
Además no podrán aceptar regalos cuyo coste supere 3.000 rublos (54 dólares) de personas que son objeto de calificación o que mantienen relaciones de negocio con la agencia, tampoco se les autoriza a poseer acciones del capital de la calificadora.
Las personas jurídicas rusas tienen un año y medio para ajustar su actividad de acuerdo a la ley, mientras las personas jurídicas extranjeras podrán hacerlo en un plazo de dos años.
El pasado 9 de enero la agencia de calificación Fitch rebajó la nota de la deuda soberana de Rusia hasta 'BBB-', lo que corresponde en su clasificación a una situación al borde de la suspensión de pagos.
Por su parte, la agencia Standard & Poor's (S&P) rebajó el 26 de enero de 2015 un escalón la nota de la deuda rusa a largo plazo, de 'BBB-' a 'BB+', y la situó en la categoría de 'bono basura'.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció entonces que la decisión de S&P se debía a motivos políticos y tenía "poco que ver con la economía".
