"Tengo 26 años y ya hice dos abortos con Cytotec, en el último pensé que me moría de dolor", declara la joven brasileña J.C a Sputnik Mundo con miedo de que su identidad sea divulgada.
En Brasil, el aborto continúa siendo ilegal salvo en los casos en los que el embarazo implique un riesgo para la madre como el de las deformaciones y enfermedades de origen genético o en caso de violación.
Solamente la compra del médicamento Cytotec o Misoprostol, un tratamiento para la úlcera con propiedades abortivas que puede ser adquirido online por unos 350 reales (130 dólares), es considerado un crimen grave en Brasil por lo que la joven además de arriesgar su vida incurrió en un grave delito.
"No es fácil hablar de esto, pero puedo decir que todo el mundo en Brasil conoce a varias personas que han hecho algun aborto", asevera J.C quien tras la mala experiencia en su primer aborto llegó a pensar en recurrir a una clínica ilegal pero que fue incapaz de reunir los 3.500 reales (1.300 dólares) que le pidieron por la intervención. "Se sabe pero nadie hace nada, es un tabú", sentencia.
De los cerca de 850.000 abortos que se practican anualmente en Brasil, según los datos aportados por una investigación del Centro de Medicina Social de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), únicamente 1.523 fueron realizados de forma legal bajo la supervisión del Ministerio de Salud del país.
En la actualidad, los abortos ilegales constituyen la quinta causa de muerte materna en Brasil causando 154.391 intervenciones de urgencia en 2013 de madres que, habiendo practicado un aborto casero o en una clínica ilegal, tuvieron que recurrir finalmente a la Salud Pública generando un coste de 63,8 millones de reales (23,8 millones de dólares).
Las clínicas ilegales de aborto han encontrado en Brasil un auténtico paraíso para sus actividades ya que 37 millones de mujeres se encuentran en edad reproductiva en todo el país y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 mujeres brasileñas menores de 40 años ya realizaron al menos un aborto en su vida, una cifra que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitúa en 7,4 millones de mujeres.
En agosto de 2014, el caso de la auxiliar administrativa, Jandira Magdalena dos Santos Cruz, conmocionó al país tras su desaparición en la localidad de Campo Grande, en el estado de Río de Janeiro, tras acudir a una clínica ilegal de aborto.
Poco después, la policía de Río de Janeiro confirmó que Jandira había fallecido durante la intervención del aborto y que las mafias que controlan el negocio de las clínicas ilegales habrían descuartizado su cuerpo e incinerado los restos para no dejar ningún tipo de rastro, un caso más pero un antes y un después en la opinión pública compuesta de millones de brasileños.
"Sin duda, si los procedimientos fuesen hechos con responsabilidad, en lugares equipados y con supervisión, las complicaciones serían menores. No creo que el número de abortos aumentase si fuera legalizado, el número ya es absurdamente alto", declaró entonces la presidenta del Consejo Regional de Medicina de Río de Janeiro, Sidnei Ferreira.
A pesar de las múltiples voces de intelectuales, ONG y responsables de salud, el tema de la legalización del aborto fue hábilmente evitado durante las elecciones presidenciales de octubre de 2014 tanto por la presidenta Dilma Rousseff como por el candidato, Aécio Neves.
El peso de los votantes evangélicos, que en la actualidad suponen casi el 27% del electorado brasileño, es demasiado alto y cuestiones como la homosexualidad y el aborto son claramente suprimidas de los discursos electorales de partidos como el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff que, a pesar de su tendencia progresista e incluso feminista, evitaron la espinosa cuestión.
De hecho, Rousseff es una acérrima defensora de la Ley 12.845 del 1 de agosto de 2013 que garantiza la atención "inmediata y obligatoria" en todos los hospitales públicos para realizar la interrupción legal de la gestación, sin embargo, la ley lejos de atender a la mayoría de las mujeres que recurren al aborto fue diseñada para una respuesta a las víctimas de violaciones.
Aun así, la aplicación de la misma fue duramente contestada en su momento por los sectores más reaccionarios del Congreso Nacional, en especial del recientemente elegido como presidente del Senado, el senador Eduardo Cunha del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), quien pese a ser aliado político de Rousseff se ha convertido en su socio de gobierno más intransigente afectando a muchos de los proyectos de la presidenta.
En este sentido, diferentes ONG, como Amnistía Internacional, han denunciado la "tendencia retrógrada de Brasil en cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos", encabezando varias campañas a favor de la aprobación del aborto en Brasil un fenómeno que como la asociación denuncia continúa provocando una muerte cada dos días en el país.
