Y es que Rousseff está enfrentando la moción de censura por un presunto delito fiscal que consistiría en avanzar dinero de los bancos públicos para los programas sociales del Gobierno, tales como 'Bolsa familia', de asistencia financiera a las familias con menos recursos, o 'Mi casa, mi vida', que ha logrado reducir el déficit habitacional en Brasil.
Así lo explica Eduardo Sotos, corresponsal de Sputnik en Brasil, y añade que todo el proceso peca de una gran hipocresía, pues ya quedó demostrado a través de un informe del Banco de Brasil que el adelanto del préstamo del Tesoro Nacional a Bancos Públicos para pagar los programas sociales, que es de lo que se le acusa a Rousseff, es una práctica que han realizado todos los presidentes democráticos de Brasil hasta el momento.
En especial se destaca durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso, del actual opositor Partido Social Demócrata de Brasil. Hasta el momento todos los mandatarios habían contado con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, que según Sotos, sospechosamente decidió rebatir las cuentas de Rousseff.
Algo que a entender de nuestro corresponsal, carece de sentido porque, aparte de los presidentes, lo practican de forma rutinaria los gobernadores y alcaldes de Brasil. En el caso de Rousseff, esto provocó un aumento del déficit debido al contexto de crisis económica en el que está inmerso el país por la caída del precio de las materias primas.
José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia y actual abogado del Estado de Brasil, explicó que la comisión especial de impeachment que se montó en la Cámara de Diputados, en ningún momento tuvo la voluntad real de investigar si realmente hubo un delito de responsabilidad fiscal, que es de lo que se le acusa a la mandataria brasileña.
Un gran bluf. Así es el proceso que pesa en contra de Dilma Rousseff en opinión de Eduardo Sotos, por carecer de un contenido jurídico sólido. Un proceso que ha sido muy discutido por el antiguo presidente del Tribunal Supremo Federal, Joaquín Barbosa, quien manifestó que al no constatarse un delito en el procedimiento de Rousseff, el proceso de impeachment es ilegítimo.
Eduardo Sotos explica que los movimientos, tanto del vicepresidente de Brasil, Michel Temer, como del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) son muy evidentes. Desde el principio el proceso ha estado encaminado a lograr la caída de Rousseff a base de prometer o articular coaliciones en las sombras, de partidos minoritarios con el gran partido opositor PSDB, y lograr una mayoría que haga caer al Gobierno.
Y Eduardo Cunha no deja de mover ficha. El proceso continuará en el Senado, cuyo presidente, Renan Calheiros, también es miembro del PMDB: Cunha anunció que lo llamaría y lo presionaría para acelerar el proceso.
