"Esta noticia ha causado mayor sensación negativa en la prensa internacional" que en Nicaragua, señaló Pastrán.
Rosario Murillo, actual coordinadora de comunicación del Gobierno, fue elegida el martes como la compañera de fórmula de su esposo, quien gobierna desde 2007 y busca un tercer mandato consecutivo en las elecciones del próximo 6 de noviembre.
La explicación que ofreció Ortega para postular a su esposa fue que la ley en Nicaragua "obliga a los partidos políticos a presentar el 50 por ciento de sus candidatos mujeres", pero además, añadió Pastrán a esta agencia, Murillo cuenta con un gran apoyo de la población.
"Tiene las cualidades suficientes, ha sido una eficiente funcionaria durante los últimos 10 años y goza de inmensa popularidad, sobre un 80 por ciento, según varias encuestas, y esas han sido las razones del presidente para nominarla" añadió Pastrán.
Sin embargo, para la oposición, la designación de Murillo como candidata a la vicepresidencia del país significa la concreción de una "dictadura dinástica", según titularon algunos medios locales.
Los exdiputados del Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez y Carlos Langrand, aseguran que la Constitución Política prohíbe que la esposa del presidente sea candidata a vicepresidenta, según informa el periódico La Prensa.
Así, el artículo 147 establece que "no podrán ser candidatos a presidente ni a vicepresidente los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente".
Núñez asegura que sería absurdo que la esposa no representara vínculo de afinidad, añade La Prensa.
Tanto Núñez como Langrand forman parte de los 28 diputados opositores que el Tribunal Electoral de Nicaragua destituyó el pasado viernes tras la petición del presidente y representante legal del PLI, Pedro Reyes, que acusó a los legisladores en cuestión de no respetar la nueva representación legal del partido.
