Previamente, la Fiscalía de Ankara ordenó arresto de 44 personas, entre ellas gobernadores, vicegobernadores y otros altos funcionarios de administraciones locales en el marco de la investigación del fallido golpe.
Turquía vive las consecuencias de un fallido golpe militar que tuvo lugar el pasado 15 de julio y se saldó con 246 muertos, sin contar a los amotinados, y casi 2.200 heridos.
Después de sofocar la rebelión, las autoridades dieron comienzo a las purgas para descubrir a los simpatizantes de Gülen, cuya extradición exigen a EEUU.
El propio Gülen rechazó las acusaciones presentadas por Ankara, condenó el motín y afirmó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo está aprovechando para su propio golpe blando contra la Constitución.