Según el ministro de Aduanas y Comercio de Turquía, Bülent Tüfenkci, las autoridades turcas iniciarán una investigación de las compañías que patrocinan a los partidarios de Gülen, y "serán cerradas o contra ellas se aplicarán los procedimientos necesarios".
Turquía vive bajo estado de excepción declarado por tres meses a raíz de un fallido golpe militar que se saldó con 246 muertos —sin contar a los golpistas— y casi 2.200 heridos.
Más de 60.000 militares, policías, jueces, funcionarios y profesores fueron suspendidos, detenidos o están siendo investigados a raíz del motín.
Durante el estado de excepción, las autoridades turcas pueden realizar detenciones por un plazo de hasta 30 días, excluido el tiempo para la entrega del detenido al tribunal más cercano.
El Gobierno turco sostiene que Gülen, cuya extradición exige a EEUU, promovió el golpe y había creado una especie de 'Estado paralelo' en Turquía. El imam opositor, residente en Pensilvania, rechaza esas acusaciones y condenó la intentona golpista del 15 de julio.